La nueva administración de la Corte Nacional de Justicia busca darle un respiro al sistema judicial. Su presidente, Iván Saquicela, hizo este 14 de junio de 2021, una serie de anuncios que apunta a instaurar un concepto de «justicia abierta».
Pero, ¿Qué significa esto? Se trata de un acercamiento entre el sistema judicial y la ciudadanía, basándose en principios de transparencia, participación y colaboración, según Saquicela.
Un libre acceso de la ciudadanía a las audiencias telemáticas fue el primer anuncio en aras de esa transparencia. Para ello, los ciudadanos deben ingresar a Zoom, con un código y una contraseña, datos que constan en un calendario de audiencias, que publica diariamente la Corte Nacional de Justicia, en sus redes sociales.
Las únicas diligencias que se exceptuarán de esta disposición son aquellas relacionadas con delitos sexuales y cuando comparezcan testigos. Al final de las sentencias y resoluciones de la CNJ se insertará, de acuerdo a criterios internacionales, un texto explicativo de la decisión en un lenguaje sencillo y claro.
La «silla vacía» es otro mecanismo implementado. Consiste en un lugar en el pleno de la Corte destinado a representantes de la sociedad civil, para escuchar sus opiniones y aportes. A este se suma la “academia en la Corte”, es decir diálogos, seminarios y conferencias de expositores nacionales e internacionales.
Una de las primeras audiencias que se pudo seguir en tiempo real, vía Telemática, fue aquella en la que se resolvió el recurso de habeas corpus, mediante la cual Pablo Celi buscaba ser liberado, y que finalmente fue negado.
Aunque el acceso a las audiencias judiciales se encuentra establecida en la Ley, esta posibilidad fue restringida con la llegada del COVID-19 al país, a inicios de 2020, de acuerdo con las medidas sanitarias, establecidas para evitar los contagios.
¿Qué ocurre en la práctica?
La mirada pública sigue cuestionando la efectividad y la celeridad de la Justicia en ciertos casos, como el atropellamiento de Roberto Malta, en septiembre de 2020 y cuya resolución sigue pendiente desde enero de 2021, en que su presunta autora fue llamada a juicio.
Otro caso que espera su evacuación es la del informático sueco Ola Bini, quien -según su abogado llega casi 800 días a la espera de la reinstalación de su audiencia preparatoria de juicio.
Al tema de las dilaciones, le agregamos las presiones en determinados casos, la más reciente es precisamente la audiencia en la que se le revisará la prisión preventiva a Pablo Celi, prevista para el 21 de junio, y cuya eventual resolución ha sido cuestionada por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien denunció presiones de «exautoridades, personal de otras funciones y ciudadanos ilustres» han querido incidir para que a Celi se le levante la prisión preventiva.
https://twitter.com/DianaSalazarM2/status/1404550962677702662
Al respecto, Saquicela reconoció actos reñidos con la ética y la corrupción, aunque defendió el trabajo de jueces y juezas. «Si existen irregularidades, no habrá de parte de la Corte Nacional de Justicia, encubrimiento o mal llamado espíritu de cuerpo… Cada decisión de un juez que no guste a alguien, no es sinónimo de irregularidad o de corrupción», aclaró.
Por: Teresa Menéndez
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