Comparecencias, pruebas testimoniales y materiales presentadas ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para continuar con el proceso de juicio político al excontralor subrogante, Pablo Celi, podrías quedar en el limbo. Sus integrantes enfrentan un grave problema jurídico que significaría la nulidad de todo lo desarrollado, ya que no se envió la solicitud de prórroga de plazo para entregar el informe de recomendación al pleno legislativo, como lo establece el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
Pero el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, enfatiza que no sería responsable de la omisión y señaló a “la secretaria”, lo que a criterio del jurista y exasesor legislativo, Xavier Aguilar, sería un acto de violencia política, al endilgar el problema a una administrativa, cuando la norma legal establece las funciones de los asambleístas, así como, presidentes y vicepresidentes de las comisiones.
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, alertó del incumplimiento por parte de la mesa legislativa, liderada por Villavicencio, quien anunció que remitirían un informe con los criterios personales de cada integrante de la comisión, para que sea el pleno el que decida la continuidad del enjuiciamiento. Pero Aguilar alega que esto no es legal, por cuanto el artículo 83 de la LOFL permite esa posibilidad solamente en caso de que se haya presentado el informe dentro de los tiempos previstos o solicitado la prórroga de plazo requerida por la normativa, lo cual no se ha cumplido en el tiempo establecido.
El incumplimiento al debido proceso acarrearía la nulidad del pedido y de continuarse, los legisladores serían susceptibles de acciones de reparación posteriores por parte del propio Celi, lo que ubica una vez más a la Asamblea Nacional bajo el escarnio público.
El juicio político a Pablo Celi inició con tropiezos desde que el legislador Juan Cristóbal Lloret (UNES), solicitó su inicio el 5 de mayo de 2021, durante los últimos días de gestión de la anterior Parlamento; sin embargo, fue la nueva titular quien dio paso al inicio del proceso y lo remitió a la comisión de Fiscalización para su tratamiento, como lo establece la ley, pero al mismo tiempo remitió un proceso similar contra el exministro de energía, René Ortiz, aunque la comisión no podía tramitar ambos a la vez. En ese sentido, tuvo que archivarse la solicitud contra Ortiz, que fue presentada antes que la de Celi, para cumplir con la norma.
En este caso, los miembros de la comisión cumplieron con la aprobación del pedido de prórroga, lo cual incluso fue publicitado en los medios oficiales de la Asamblea Nacional, por lo que les correspondería solicitar la remoción del presidente, Fernando Villavicencio, por incumplimiento de funciones en el caso de Celi.
Sin embargo, Celi no se salva de sus responsabilidades frente a la Contraloría entre 2017 y 2021, según Aguilar, pues es posible solicitar inmediatamente un nuevo proceso, aunque recomienda que las causales no sean las mismas que las presentadas por el interpelante Lloret, incluso si es el mismo legislador quien realiza el nuevo pedido.
Existen otros casos, de dominio público, por los que Celi puede ser procesado, como la omisión de investigación del patrimonio del expresidente Lenín Moreno y su familia en el caso INAPapers, la falta de declaraciones juramentadas de los miembros de la comisión que seleccionó a la Corte Constitucional, durante la vacancia legal decretada por Julio César Trujillo (+) o por no determinar responsabilidades en el viaje de la exvicepresidenta María Alejandra Muñoz con su familia y amigos al Vaticano, para saludar al papa Francisco con recursos públicos.
Por: Viviana Paredes
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