La Contraloría General del Estado atraviesa una situación compleja desde 2017, cuando Carlos Pólit salió del país en mayo de ese año, y 1 mes después renunció, de forma irrevocable, al cargo desde Estados Unidos. Desde esa fecha, Ecuador no tiene un contralor titular y aquí es donde entra en escena la subrogación de Pablo Celi De La Torre, actualmente procesado por delincuencia organizada, dentro del caso Las Torres.
Celi había sido designado subcontralor general, en 2014 por Pólit, por lo que en su ausencia, ejercía la subrogación del cargo. Pero la subcontralora administrativa, Sabett Chamoun, intentó notificarlo con su remoción, por orden del mismo Pólit; Celi se negó a firmar la acción de personal y la rompió quedándose en el puesto. Casi 2 años después, en mayo de 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, liderado por Julio César Trujillo (+), lo ratificó en funciones, como subrogante, hasta 2022. Es decir, la entidad no organizó el concurso para designar al contralor titular.
Pero Celi no sabía lo que le deparaba el destino 4 años después, exactamente el 13 de abril de 2021, cuando allanaron su vivienda, fue detenido y actualmente cumple prisión preventiva. El aún contralor General Subrogante goza de una licencia sin remuneración extendida a 60 días, plazo que finalizó el 12 de junio, y en el que también terminó la subrogación de Valentina Zárate, quien reemplazaba a Celi.
La Justicia también actuó contra Zárate. Este 17 de junio, Fiscalía allanó sus oficinas en la Contraloría, tras una denuncia anónima por un supuesto delito de usurpación y simulación de funciones públicas, ahondando más en la crisis de esa institución de control y dejándola en manos de un procesado, quien la maneja desde una celda en la cárcel 4 de Quito.
Al momento, Celi goza de un permiso médico, por su contagio por COVID-19, pero sigue en prisión. La acción de personal para ampliar en funciones a la subcontralora no ha sido emitida.
¿Cuál es la situación de Celi?
El funcionario enfrenta 2 denuncias, desde 2018: por suplantación de identidad, además de usurpación y simulación de funciones públicas. No se conoce el estado de esos procesos, que se basan en la premisa de que el contralor (s) fue autonombrado de manera ilegal en 2017, cuando Carlos Pólit aún ejercía el cargo, y ratificado sin base jurídica por el CPCCS transitorio.
Celi también fue señalado por adjudicar un contrato de comunicación por 1’150.000 dólares a Daniel Salcedo, procesado por sobreprecios en medicinas durante la pandemia, a través de Darwin Moreno Garcés, hermano del exmandatario Lenín Moreno Garcés, desde su cargo de Coordinador Administrativo y de Servicios de la Contraloría, en diciembre de 2017, pese a que no habría cumplido con los parámetros de calificación. Asimismo, Celi autorizó el pago de 15.000 dólares al medio digital La Posta, para la realización de una obra teatral basada en el caso Sobornos, por el que fue procesado el expresidente Rafael Correa.
El caso Las Torres ha abierto nuevas denuncias sobre el desvanecimiento de glosas por parte de la Contraloría, liderada por Celi. Luis Miño, actual director de Responsabilidades de la entidad, indicó ante el fiscal Homero Cepeda que el contralor (s) les exigía desaparecer glosas multimillonarias, bajo amenaza de destitución a los funcionarios que se negaban a cometer las ilegalidades. Es señalado también por su responsabilidad en la eliminación de Odebrecht como responsable de daño al Estado, por lo que no fue posible procesar legalmente a la multinacional brasileña en los casos de corrupción en que se vieron involucrados sus representantes.
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En el caso Las Torres, la Fiscalía busca esclarecer los delitos cometidos contra la administración pública, desde una presunta red de corrupción instalada en Petroecuador, que involucra a Raúl De La Torre, sobrino del contralor (s), apresado por las autoridades estadounidenses en Miami, en junio de 2019. De acuerdo con información pública, se habría compuesto una organización liderada por altos funcionarios que exigieron pagos indebidos a cambio de desvanecimiento de glosas en los contratos firmados por la petrolera estatal y la empresa Nolimit S. A., entre 2017 y 2020.
Pero Celi estuvo a cargo de la Contraloría durante las movilizaciones de octubre de 2019, cuando la institución fue incendiada supuestamente por manifestantes, por lo que se detuvo a 27 personas, entre los que se incluyeron menores de edad, y se señaló como responsable directo al correísmo. En abril de 2021, Valentina Zárate señaló que los múltiples incendios al edificio central de la Contraloría en Quito, y que destruyeron importante documentación de control, se habrían realizado desde adentro de la entidad. Posteriormente, en un informe remitido a la comisión de Fiscalización de la Asamblea, este mes de junio, Zárate aseguró que no hay archivos digitales desde 2015 en la entidad y que las glosas desvanecidas suman $844 millones. Esto contradice la versión de Celi, quien afirmaba que no se perdió un solo respaldo.
Resta por saber los resultados de la investigación y conocer los fallos judiciales, derivados de las acciones de Pablo Celi, quien aún ostenta el cargo de contralor subrogante y podría mantenerse en el cargo por 60 días más, en caso de que se le aprueben las vacaciones acumuladas que solicitará, según su abogado.
Por: Viviana Paredes y Teresa Menéndez
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