“Si roban, roben bien, justifiquen bien, no se dejen ver las cosas, compañeros”, fueron las palabras de la asambleísta de Pachakutik, Rosa Cerda, en un mitin de su organización política, que salieron a la luz este 18 de julio de 2021. Las declaraciones se viralizaron en las redes sociales, lo que conmocionó a la ciudadanía y a los miembros de su partido, quienes de inmediato solicitaron que aclare sus expresiones y señalaron, mediante comunicado oficial, que pudo tratarse de un error de interpretación por cuanto la legisladora es kichwuahablante.
Aunque el tema se ha trivializado, el problema de la corrupción no es menor y requiere un análisis serio, mucho más cuando cada día que pasa el lenguaje del “robo” se va normalizando en algunos sectores políticos. Los delitos contra la administración del Estado perjudican a toda la sociedad y son fuertemente condenados por el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no ha anunciado investigaciones sobre los actores involucrados en la conversación que narró en el video viralizado.
Hace pocos meses, la misma bancada legislativa protagonizó un evento desconcertante cuando la asambleísta Patricia Sánchez lloró durante una sesión del pleno, porque supuestamente se vio obligada por su partido a votar por la propuesta de conformación de las comisiones legislativas, con la que no habría estado de acuerdo. Estas acciones permitieron que Pachakutik alcance un acuerdo político con el movimiento oficialista CREO dentro de la Asamblea Nacional, brindando gobernabilidad al presidente Guillermo Lasso.
Pareciera que Ecuador se ha acostumbrado a estas situaciones y declaraciones extrañas en el campo político, que quedan archivadas en la historia y no son investigadas por las autoridades correspondientes, para determinar responsabilidades. Un claro ejemplo es el de las investigaciones sobre cobros de diezmos en la Asamblea, así como las acusaciones de “reparto de hospitales”, por las que fue sentenciado el exasambleísta Daniel Mendoza (AP) y el exlegislador Eliseo Azuero enfrenta cargos por delincuencia organizada, desde la clandestinidad, en el caso del Hospital de Pedernales. Aunque la exministra de Gobierno, María Paula Romo, también estuvo señalada en este caso, no fue vinculada a las indagaciones por el intercambio de cargos públicos en las casas de salud para familiares y amigos de asambleístas que votaban a favor de las propuestas del Régimen.
La Fiscalía tampoco determinó responsabilidades en mayo de 2018, cuando se viralizó un audio filtrado en redes sociales, en el que el exministro de Agricultura, Rubén Flores, señalaba que “hay sectores que pagan hasta 1 millón y medio (de dólares) por ser ministro”. No se conoció a quién debía realizarse el pago para lograr el nombramiento y tampoco se justificó la situación desde el despacho de Lenín Moreno, quien designaba al Gabinete en su calidad de presidente de la República.
Un episodio similar se vivió en junio de 2019, cuando el exministro de Energía, Carlos Pérez, reveló haber recibido llamadas de algunos asambleístas para que sus familiares sean contratados en las hidroeléctricas a cargo del Estado central. “Si ustedes supieran todas las llamadas que yo recibo para pedirme puestos en las eléctricas… Varios asambleístas me llaman”, señaló durante una comparecencia legislativa. Ante la indignación desatada por sus expresiones, mediante un comunicado aclaró que no contaba con respaldos de las conversaciones y que debido a ello, no podía poner la correspondiente la denuncia por oferta de tráfico de influencias en el sector público. La Fiscalía tampoco actuó de oficio en este caso para determinar responsabilidades.
Otro caso de corrupción muy visibilizado se refiere a las entregas irregulares de 2.881 carnés de discapacidad a altos funcionarios de Gobierno, autoridades y sus familiares, para acceder a descuentos tributarios exclusivos. Los legisladores señalados por este hecho ilícito fueron Fabricio Villamar (destituido), Israel Cruz, Marcia Arregui y el esposo de la expresidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, Javier Vaca. Con este sistema, se beneficiaron de una rebaja de al menos $8.000 en la importación de vehículos y adquirían el 50% de descuento en varias obligaciones públicas y privadas. Ninguno de los involucrados fue procesado por el uso de los documentos falsos y la defraudación tributaria al Estado.
Sobre las declaraciones de Cerda, el Comité de Ética de la Asamblea exhortó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) a que analice la conducta de la asambleísta, aunque esto consta en la normativa como una falta administrativa, que no implica destitución.
La corrupción es un bien normalizado en la sociedad y la politización de la justicia da paso a su avance acelerado dentro de las estructuras de poder. La omisión de investigaciones ante eventos públicos tan relevantes, impide lograr que esta cultura, ya cotidiana, vaya cambiando en función de una sociedad equilibrada. La institucionalidad también es presa de estas estructuras silenciosas y termina debilitándose ante las presiones.
Ante esto, la reflexión va por si lo necesario es aprender a “robar bien”, para no ser descubiertos, o lo mejor es no robar para ser coherente con el pueblo mandante.
Por: Viviana Paredes
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