¿Quién debe solucionar la crisis en la Contraloría?
A 3 meses de que la madrugada del 13 de abril de 2021 la Fiscalía General del Estado allanara la casa del contralor subrogante, Pablo Celi, dentro de las investigaciones por el caso Las Torres, en el que el ahora exfuncionario estaría involucrado en el desvanecimientos de millonarias glosas, a cambio de altas sumas de dinero, la Contraloría se ha mantenido en una profunda crisis institucional, debido a que su máxima autoridad insistía en mantenerse al frente desde la Cárcel 4 de Quito, hasta este lunes 5 de julio, fecha en que presentó su renuncia irrevocable ante el Consejo de Participación y Control Social (Cpccs) y la Asamblea Nacional.
Lejos de aclararse la situación interna del organismo, vacíos legales y falta de voluntad política de los representantes de la Asamblea Nacional y del Cpccs ahondan en la debacle, evadiendo la responsabilidad directa sobre la designación del reemplazo de Celi. Aunque en el Legislativo se tramita un juicio político en su contra, su presidenta, Guadalupe Llori, insistió en que el Cpccs es el responsable de poner fin a este conflicto, mientras que la máxima autoridad de ese organismo, Sofía Almeida, indicó que la renuncia ha sido “de manera repentina”, por lo que pide al Parlamento resolver el vacío legal que le impide designar a un encargado.
Asambleístas de varias bancadas coinciden en que nada tienen que hacer, y que quien debe asumir el encargo es Carlos Riofrío, previamente designado por Celi, hasta que el Cpccs elija al contralor titular.
Pablo Celi designa a Carlos Riofrío como su reemplazo en Contraloría
Específicamente, el Consejo solicita a la Asamblea Nacional que interprete la Ley de la Contraloría, de acuerdo con sus facultades, para que aclare la forma de designar al contralor que quedará a cargo de la entidad hasta que culmine el concurso para nombrar al titular. Por ahora, el Legislativo continúa con el enjuiciamiento político a Celi, según un comunicado emitido por el asambleísta Comps Córdova (Unes), quien impulsó el proceso desde la Comisión de Fiscalización. El objetivo del proceso habría sido su destitución, sin embargo, su renuncia pone en debate el nuevo problema que causan sus acciones, que parecen calculadas para evitar que la Función Legislativa determine sus responsabilidades y lo censure de participar en cargos públicos hacia el futuro.
Pero el Consejo de Participación tiene las facultades necesarias para reemplazar a Celi tras su renuncia, aunque el proceso de selección del contralor titular demoraría hasta 6 meses y costaría un aproximado de $400.000, para cubrir los gastos de veedurías ciudadanas, honorarios académicos para la elaboración del banco de preguntas, para las evaluaciones, y gastos de publicidad derivados del concurso público.
Según Almeida, Celi habría puesto en jaque a la legalidad, al renunciar sin nombrar previamente a un responsable del cargo, siendo él el único facultado para el efecto, según lo establece la norma. Es que la escena se complicó con la renuncia irrevocable de la subcontralora Valentina Zárate, el 21 de junio de 2021, señalando presiones e impedimentos para cumplir sus funciones, es decir, tampoco existe un segundo funcionario titular que asuma la subrogación del cargo de Contralor. En cualquier designación, debió intervenir Pablo Celi antes de dimitir a sus responsabilidades.
Así, Celi sigue causándole daños a la Contraloría y al país con las decisiones que toma, e impiden encontrar soluciones a las autoridades, quienes tampoco resuelven el caos generado.
Por: Viviana Paredes y Teresa Menéndez
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