El juicio político es solo un episodio de lo que le resta por enfrentar al excontralor General subrogante, Pablo Celi. Luego de la censura en la Asamblea Nacional, que le impide ejercer cargos públicos por los próximos 2 años, el exfuncionario está a la espera de lo que resuelva la Justicia sobre su proceso por delincuencia organizada en la Contraloría General del Estado, en el que también se ve involucrada la empresa pública Petroecuador.
La instrucción fiscal por esta investigación culminó, y ahora la fiscal General del Estado, Diana Salazar, solicitó al juez de la causa, Felipe Córdova, que defina fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio, quien dijo la convocará con la debida oportunidad y diligencia, y conforme al calendario y agendamiento que lleva la Secretaría de la Sala.
La Fiscalía acusa a Celi del desvanecimiento de glosas o responsabilidades civiles por $13 millones, entre 2017 y 2020. Pero en el trámite de juicio político, el excontralor dijo que eso no era ilegal.
El desvanecimiento de glosas se ha satanizado; desvanecer no es ilegal, no se puede crear de ello un fantasma».
Por delincuencia organizada, la Fiscalía investiga a 15 personas, entre ellas, además de Celi, al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores.
Dentro de este proceso, han rendido testimonios anticipados el exasesor de Petroecuador y sobrino del excontralor, Raúl De la Torre; el accionista de la empresa Nolimit, José Luis De la Paz (desde Estados Unidos) y el accionista de Nolimit, José Crespo (desde Ecuador). En una siguiente audiencia, que ha sido diferida por 2 ocasiones, debían hacerlo el exsubcontralor subrogante y actual funcionario de la Contraloría, Luis Miño; y los exdirectivos de Nolimit, Sebastián Robles y Patricio Saa.
La diligencia, que debió darse este 18 de agosto de 2021, fue postergada por pedido de la Fiscalía, puesto que su titular se ve imposibilitada de asistir.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente, la delincuencia organizada se sanciona con una pena de entre 7 a 10 años de prisión.
Pero Celi afronta otro pedido de investigación, tras la denuncia presentada por el asambleísta Fernando Villavicencio, quien lo acusa de desaparición de documentos y desvanecimiento de glosas en la Contraloría, por lo que adjuntó 34 informes que señalan al exfuncionario censurado de liderar una estructura delictiva.
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