Lo que se ofreció en campaña va tomando forma, luego de una reunión privada entre el presidente Guillermo Lasso y el legislador Fernando Villavicencio, en el Palacio de Carondelet. Es que los ecuatorianos regresaremos muy pronto a las urnas para participar en una consulta popular sobre temas como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la reducción del número de asambleístas, la creación de un Senado Nacional y la prohibición de actividades de explotación de minería metálica.
Pero ¿Qué más se sabe de esta consulta popular? Villavicencio, quien también preside la Comisión de Fiscalización y Control Político en la Asamblea Nacional, aseguró que será convocada en los próximos meses, por lo que los ecuatorianos seríamos llamados a las urnas en el primer trimestre de 2022. Este escenario se asemeja a lo que sucedió en el mandato de Lenín Moreno, quien impulsó un proceso de referéndum el mismo año en que asumió funciones.
Justamente, ese es el fantasma que más preocupa, ya que, las consecuencias de las decisiones de la consulta, convocado en 2018, se evidencian en la actualidad, con la crisis institucional que atraviesan la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, cuyas máximas autoridades fueron nombradas por el Consejo de Participación Transitorio dirigido por Julio César Trujillo (+), nombrado en ese cargo tras los resultados de la pregunta 3.
Asimismo, se cierne un nuevo debate sobre la propuesta de retorno de la bicameralidad, es decir la creación de dos cuerpos legislativos en reemplazo de la actual Asamblea, modelo que estuvo vigente en el país entre 1837 y 1970, combinando la gestión de una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, cada una con su presidente y cuerpo administrativo. Esto iría de la mano con la reducción del número de asambleístas (137), pero se incrementaría la burocracia en dos nuevas entidades y los tiempos de gestión aumentarían por la necesidad de un trabajo compartido entre ambas cámaras.
Lasso deberá elaborar las preguntas y presentarlas a la Corte Constitucional para su revisión individual, en función de la norma suprema vigente, y que emita su dictamen de constitucionalidad. Sin embargo, las reformas a la estructura del Estado, de acuerdo con la Constitución, solo pueden realizarse mediante aprobación y llamado a una Asamblea Constituyente con plenos poderes, por esta vía se puede cambiar la base de las funciones de Participación Ciudadana y Legislativa, directamente afectadas por la propuesta de Villavicencio.
Pero la propuesta de desaparecer el CPCSS no es nueva, es el génesis del popular llamado al voto nulo, que fue impulsado por Trujillo (+) una vez que sus concurrentes prolongaciones en el Consejo transitorio finalizaron y se dio paso a la elección popular de su reemplazo. En ese sentido, convocó al voto nulo e incluso, hasta poco antes de su fallecimiento en 2019, lideró un proceso de recolección de firmas nacional para lograr la consulta popular que hoy parece cristalizarse.
Este anuncio se da en medio de la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país, y que en los últimos días se ha visto agravada por la llegada de las variantes Delta y DeltaPlus a Ecuador, por lo que el Gobierno declaró Estado de Excepción en la provincia de El Oro y Guayaquil.
A mediados de 2020, el líder socialcristiano Jaime Nebot, con quien Lasso rompió su alianza, propuso una consulta popular con 5 temáticas base, entre ellas que se permita la racional explotación minera e hidrocarburífera, pero en enero de 2021, la Corte Constitucional negó su viabilidad por temas de forma. En los últimos 18 años, se ha desarrollado en Ecuador 10 consultas populares y referéndums, que le han costado al país $112,5 millones, $48 millones se destinó para la consulta popular de 2018.
Por: Viviana Paredes y Teresa Menéndez
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