El 2 de junio de 2021 podría decidirse la situación del alcalde de Quito, Jorge Yunda, luego de varias denuncias conocidas en marzo de este año, por presunta corrupción durante sus dos años de gestión. Con varios involucrados según las investigaciones de Fiscalía, una de las figuras más emblemáticas de este caso es Sebastián Yunda, hijo del burgomaestre, quien se habría beneficiado directamente de las contrataciones que sugería a su padre realizar con el dinero de los capitalinos, de acuerdo a chats filtrados a la opinión pública.
La revelación de esta información se realizó en un momento delicado para el edil quiteño pues desde febrero ya enfrentaba un proceso judicial y porta un grillete electrónico, por supuesto peculado en la compra de 200.000 PCR en los momentos de emergencia sanitaria y durante el Estado de Excepción entre abril y mayo de 2020. Adicionalmente, desde el 29 de marzo de este año el Concejo de Quito recibió el pedido de su remoción presentado por el colectivo Quito Unido y el 22 de abril una solicitud similar suscrita por el colectivo legal Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito.
Proceso de remoción
La norma que regula a los municipios y prefecturas establece que la remoción del alcalde deberá realizarse en una sesión con el voto conforme de las dos terceras partes del Concejo de Quito siempre que se hayan comprobado las causales que motivaron el proceso de remoción. Los pedidos de los colectivos se basan en el literal g, del artículo 334 del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) que prohíbe expresamente el “despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos del Gobierno Autónomo Descentralizado”.
El proceso de remoción inició con las denuncias ciudadanas presentadas y conocidas por la Comisión de Mesa, que es una comisión permanente del Municipio de Quito integrada por concejales de las diversas bancadas con competencia para conocer y tramitar los procesos de remoción. Este órgano es dirigido por el alcalde Yunda debiendo excusarse de la misma por tratarse de conocer denuncias en su contra. Como parte del proceso de determinación de responsabilidades el alcalde contó con un término de 10 días para la presentación de pruebas a favor de su inocencia.
Lo que continúa, para el alcalde, es esperar la sesión del Concejo Metropolitano en el que se conocerá y tratará el informe de la Comisión de Mesa respecto a las responsabilidades de Yunda y el cumplimiento probado de las causales determinadas para la remoción de su cargo. En caso de que el Concejo de Quito vote por la culminación de la gestión de Yunda, este tendrá tres días para presentar sus consultas sobre la validez del proceso al Tribunal Contencioso Electoral, entidad que debe responder en 10 días. De esa manera la remoción quedará legalmente validada.
Votos necesarios e integración del Concejo
El Concejo de Quito es un órgano legislativo similar a la Asamblea Nacional en el que se conocen y debaten las ordenanzas y los procesos políticos de sanción a las autoridades denunciadas. Está integrado por 21 concejales principales (cada uno con un alterno) electos por cuatro distritos: sur, centro, norte y parroquias rurales. Sus sesiones son presididas por el alcalde y entre sus miembros se designan al vicealcalde y a los miembros de las comisiones permanentes y especializadas.
Actualmente, las fuerzas políticas del concejo son Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana (8), Izquierda Democrática (4), Concertación Nacional (3), Unión Ecuatoriana del alcalde Yunda (3), Movimiento Creando Oportunidades (2) y el concejal Orlando Núñez quien se separó de la bancada CS-RC (1). Para lograr la remoción del alcalde es necesario contar con 14 votos en el pleno, a favor del informe de la Comisión de Mesa integrada por los concejales Santiago Guarderas (UN), Fernando Morales (CN), Mónica Sandoval (CS-RC) y Analía Ledesma (ID), que indica que Yunda “ha incurrido en dos causales c) y g) del artículo 333 del Cootad”.
A pesar de las altas posibilidades de que el alcalde Jorge Yunda sea removido del cargo para el que fue electo en 2019, su hijo habría abandonado el país en marzo de este año para evitar las responsabilidades penales tras la filtración de sus chats con funcionarios de alta confianza de su padre en el Municipio de Quito. Esta sería la primera ocasión en que se aplique la remoción para un alcalde quiteño y su sucesor deberá ser electo entre los miembros del Concejo Metropolitano.
Por: Viviana Paredes
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