La Fiscalía de Chile abrió una investigación penal por los delitos de cohecho, soborno y tributarios derivados de la compraventa de un proyecto minero de propiedad de la familia del presidente Sebastián Piñera, que fue condicionada a que el área para su desarrollo no se interviniera medioambientalmente.
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La controvertida compraventa fue suscrita en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas el 10 de diciembre de 2010, 9 meses después de que Piñera iniciara su primer mandato presidencial (2010-2014).
Según la directora de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera, la decisión se adoptó luego de que su departamento analizara los recientes antecedentes revelados por la investigación periodística internacional Pandora Papers, que indica que el último pago del comprobante, por $10 millones, «fue condicionado a que no hubiese modificaciones en la normativa medioambiental que entorpecieran el desarrollo del proyecto».
Piñera calificó de «inaceptables» las acusaciones expuestas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que difundió los documentos a través de varios medios.
La compraventa del proyecto minero Dominga, por su cercanía al archipiélago Humboldt, viene generando controversia en Chile desde hace años. Valorado en $2.500 millones, incluye la extracción de concentrados de hierro y cobre, y se prevé que se construya a 16 kilómetros de la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, en el norte de Chile.