Pablo Celi, procesado por delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres, busca otra forma de salir de la cárcel 4 de Quito, donde permanece recluido desde el 14 de abril de 2021. Su defensa solicitó la revocatoria a dicha medida, cuya audiencia está prevista para el próximo 14 de junio, a las 11:30.
Se trata del segundo pedido, pues el 13 de mayo de 2021, en un primer intento, dicho pedido fue rechazado por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Según Marcelo Ron, abogado de Celi, su defendido «está en una situación de riesgo. Los últimos huéspedes que tiene en este momento la cárcel 4 (…) son personas de peligro».
Lo cierto es que Celi busca por todos los medios salir de la prisión y retomar sus actividades como contralor General subrogante. Al momento, se encuentra con licencia sin sueldo de 60 días, permiso que se vence el próximo 12 de junio, luego de esta fecha, Celi ya no tendrá justificación para seguir ausente del cargo.
En caso de continuar en prisión, lo que la Ley determina como ausencia definitiva, le corresponde al subcontralor General subrogar a la primera autoridad de esa institución, en este caso a Valentina Zárate, hasta que se nombre al nuevo titular.
Proceso penal
La Fiscalía acusa a 13 personas, entre ellas Celi, por presunta delincuencia organizada, un delito sancionado con una pena de 7 a 10 años de privación de la libertad.
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El caso inició con la indagación penal por actos de corrupción contra Raúl de la Torre, sobrino de Celi y exfuncionario de Petroecuador, quien se fugó a Estados Unidos, donde finalmente fue procesado por lavado de activos.
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En su momento, Pablo Celi aseguró que su sobrino debía responder por sus acciones, pero desmintió haber conocido sus acciones o haber participado de ellas; sin embargo, las investigaciones apuntan a que la Contraloría también estuvo implicada.
Al contralor subrogante con licencia se lo acusa del desvanecimiento de glosas y de la liberación del pago de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit C. A., entre 2017 y 2020; esto, a cambio de sobornos por $3,1 millones. El perjuicio al Estado habría sido por $13 millones.
Por: Teresa Menéndez
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