La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) dispuso la obligatoriedad de los partidos y movimientos políticos de reportar las actividades económicas calificadas como inusuales, desde junio de 2021. Aunque la Ley dispone que el organismo a cargo de las políticas públicas de prevención y detección de este delito es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la UAFE es responsable de la ejecución de sus decisiones, en el marco de la lucha contra el lavado de activos.
La implementación de la medida permitiría detectar la salida de capitales, registrada desde las organizaciones políticas, además de conocer el origen de los aportes voluntarios que reciben desde otros países, lo que ayudaría también en la erradicación de vínculos con empresas domiciliadas en paraísos fiscales y el financiamiento ilícito de sus campañas. La decisión también coincide con el “mandamiento de ejecución” que emitió el 4 de junio de 2021, el Tribunal de Ejecución del caso “Sobornos”, que dispone el pago total del monto de reparación fijado en la sentencia, por el cual 17 personas deberán cancelar $14’7 millones al Estado ecuatoriano hasta el 11 de junio, esto impediría a sus organizaciones buscar mecanismos de apoyo internos para solventar el fallo judicial.
Las organizaciones políticas deberán reportar sus actividades cuando registren operaciones económicas individuales, a escala nacional o internacional, superiores a $10 mil, así como cuando varios movimientos beneficien a una misma persona y cuando existan operaciones consideradas inusuales e injustificadas. La disposición también indica que los partidos y movimientos deberán contar con un manual de prevención de lavado de activos dentro de su gestión.
Otros sectores obligados a reportar sus actividades económicas son los comerciantes de joyas, las concesiones mineras y las bolsas de valores, con el fin de combatir el contrabando de oro y regular el origen del dinero que trasladan las empresas que brindan servicio de custodia y transporte de efectivo. En total, son 283 partidos y organizaciones políticas; 605 comerciantes de joyas, piedras y metales preciosos (oro y plata); 204 empresas transportadoras de valores; y las bolsas de valores que deberán reportarse mensualmente.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. José Quiros Rumbea es su director, fue nombrado en 2019 por el expresidente Lenín Moreno y ratificado por Guillermo Lasso.
Por: Viviana Paredes
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