Lo que debe saber sobre Seguros Sucre antes de su desaparición
Seguros Sucre entrará en un proceso de liquidación voluntaria, de acuerdo con el decreto del presidente Guillermo Lasso, que estará a cargo de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Actualmente, la aseguradora estatal representa el 14,1% del mercado, con una cartera de clientes integrada por la mayoría de instituciones públicas, que ahora podrán acceder únicamente a la contratación de empresas privadas.
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Desde 2009, las entidades gubernamentales recibieron la disposición presidencial de contratar servicios únicamente con empresas estatales proveedoras de servicios. Los gastos del sector público se redistribuyeron entre sus propias empresas como la extinta TAME-EP y Seguros Sucre, cuya desaparición fue decretada por Lasso. Esta medida se mantuvo hasta 2018, cuando el régimen de Lenín Moreno dispuso que las instituciones tenían libertad de contratar con proveedoras de seguros privadas.
¿Qué pasó antes del decreto de liquidación?
La contratación obligatoria de Seguros Sucre para las entidades del Gobierno fue una noticia que disgustó al mercado de aseguradoras, debido a la amplitud del mercado alrededor de los presupuestos públicos. Desde el sector privado, se señaló que la medida generaría un monopolio estatal (sobre el propio Estado), perjudicando a las empresas instaladas en el país.
Durante los 9 años de contratos obligatorios con Seguros Sucre, los medios privados enfocaron sus lentes hacia la situación administrativa de la empresa pública, señalando en varias ocasiones presuntas irregularidades. Uno de los principales asuntos sería la existencia de casos de contratación pública irregular, conflictos de intereses con parentelas de funcionarios y perjuicio en el pago de seguros a las entidades contratantes de la aseguradora.
El 23 de marzo de 2021, Juan Ribas, expresidente de Seguros Sucre, fue sentenciado por un tribunal estadounidense, a 51 meses de prisión por el delito de lavado de activos en el estado de Florida. De acuerdo con el Departamento de Justicia de ese país, Ribas habría recibido más de $5 millones en coimas entre 2013 y 2017, como máxima autoridad de la empresa estatal. Por la misma causa, en los tribunales ecuatorianos, enfrentan a la Justicia José Luis Romo, exgerente de la aseguradora; y su esposa, Verónica Haro, ambos involucrados en el caso por el que Ribas fue condenado recientemente.
¿Quién asegurará al sector público?
Uno de los problemas de la liquidación de Seguros Sucre consiste en la situación en la que quedan los bienes públicos asegurados con la empresa en proceso de desaparición. Petroecuador, por ejemplo, no contaría con una vía legal expedita para el aseguramiento de sus $6.000 millones en activos, cuando la aseguradora salga del mercado completamente.
Asimismo, quedan dudas sobre las deudas y asuntos pendientes de la empresa estatal, que recibió reclamos desde varias entidades públicas, como las Fuerzas Armadas, cuyas aeronaves se detuvieron en 2020 por el retraso del pago de los seguros desde el Ministerio de Finanzas a la estatal. En 2016, la desparecida TAME presentó un accidente con uno de sus aviones en Cuenca, con una pérdida de $27 millones, de los cuales Seguros Sucre cubrió únicamente $20 millones.
Con la desaparición de Seguros Sucre, Lasso ha decretado que el mercado público le pertenece exclusivamente al sector privado.
Por: Viviana Paredes
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