En medio de la crisis institucional que atraviesan la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo, otra entidad se ubica en el ojo público por las tensiones que se viven alrededor de su cargo más alto. El Municipio de Quito pasa por momentos confusos y llenos de acusaciones mutuas desde que se decidió la remoción del alcalde Jorge Yunda el 3 de junio de 2021, por parte del Concejo Metropolitano.
En ese sentido, Yunda ha declarado que no dejará el cargo, para el que fue electo en marzo de 2019, e incluso continúa convocando a sesiones municipales, hasta que exista una decisión de la Corte de Justicia de Pichincha, si el proceso de remoción incumplió las formalidades necesarias y, con su dictamen, deje sin validez lo resulto por el Concejo que lo cesó en funciones. Por ahora, siguen vigentes las medidas cautelares, que impiden a su vez la posesión de Santiago Guarderas; sin embargo, este proceso causó un remezón interno en el Consejo de la Judicatura, que destituyó a Carlos Soto, juez que le otorgó dichas medidas y que serán revisadas en audiencia, el próximo 19 de julio.
Ante la eventual ratificación de su destitución, Jorge Yunda estaría impulsando una figura femenina en su reemplazo, ya que considera que Guarderas ha querido llegar al cargo “por la ventana”, como lo ha señalado en varias ocasiones.
Pero quienes están en medio son los ciudadanos de Quito, quienes a causa de la acefalía institucional, sufren el frene de proyectos emblemáticos, así como de procesos regulares internos que dependen de las decisiones del Concejo, para ser ejecutados. Tres grandes áreas prioritarias se han detenido, generando problemas globales a la ciudad:
Movilidad
La construcción del Metro de Quito finalizó el primer trimestre de 2021, y aunque debió ser entregada al Municipio en octubre de 2020, recién la recibió en marzo de este año, luego de que el plazo se extendiera por la pandemia del COVID-19.
La obra total tuvo un costo de $2.000 millones, pero se contrató una firma operadora internacional que la administre por 3 años y 6 meses, con una inversión municipal de $158 millones; sus primeras actividades debieron comenzar en este mes de julio, pero no se conoce sobre ningún avance. El presidente del Directorio de la Empresa Municipal Metro de Quito es Jorge Yunda, y mientras no se resuelva su situación, se complica la operación de este servicio de transporte.
Otro asunto importante tiene que ver con los subsidios establecidos por el Municipio, para mantener el precio del transporte público en la ciudad. A finales de 2020, el Concejo emitió la ordenanza municipal que aprobó el incremento de la tarifa de bus de 25 a 35 centavos de dólar, lo que entraría en vigencia a partir del inicio de las operaciones del Metro, incluyendo la tarifa integrada de 60 centavos entre ambos servicios.
Educación
La inestabilidad en esta cartera se ha manifestado en el nombramiento de 6 titulares en apenas 2 años de gestión. Menos de 1 mes ha pasado desde que Inés Martínez renunció a la Secretaría de Educación del Municipio, indicando que su salida se dio por graves problemas en el sistema educativo de la Alcaldía, la cual tiene a su cargo la gestión de 23 entidades educativas municipales que forman a 11.000 estudiantes de la capital. Una solución recomendada por la comisión del ramo es que se elabore una ordenanza que incorpore un modelo de gestión educativo y que solucione la situación de la Secretaría responsable, lo cual tampoco puede avanzar en medio de la disputa política dentro del Concejo.
Seguridad
En materia de seguridad son dos los elementos que el Municipio abordaba para hacerle frente a este problema. De un lado, la prohibición del porte de armas blancas para impedir que delincuentes con diferentes elementos cortopunzantes puedan amedrentar a los ciudadanos; sin embargo, el Concejo no se ha puesto de acuerdo con la definición exacta de “arma blanca”, por lo que se ha detenido su aprobación.
A todo esto se suma la falta de asignación presupuestaria del gobierno central al Distrito Metropolitano, lo que se agrava al tener que cubrir una nómina mensual de 22.000 empleados, que corresponde a un tercio del Presupuesto General de la institución. El académico Fernando Carrión manifestó que el sucesor de Yunda tendría un presupuesto máximo del 10% al 15% para lo que resta del año, pues tanto sueldos como la operación del Metro de Quito, ocupan las prioridades presupuestarias de la Alcaldía.
Mientras tanto, el Concejo se mantiene dividido y en una actividad que sería más política que administrativa, a criterio de Fernando Carrión, por lo cual se han establecido dos bloques alrededor de Yunda y Guarderas en espera del fallo judicial del 19 de julio. El sector que apoya a Guarderas ha decidido integrarse en una “mesa de trabajo” permanente al no tener quórum para constituirse como sesión de Concejo.
La crisis de autoridades una vez más afecta a la ciudadanía, quien no logra comprender los conflictos de poder en disputa, pero exige que sus mandatarios atiendan sus necesidades y permitan alcanzar el desarrollo social.
Por: Viviana Paredes
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