¿Las cárceles se llenarán de manifestantes?
La crisis económica que atraviesa el país, y que se agudizó con la llegada del COVID19, empieza a darle problemas al presidente Guillermo Lasso, en menos de 2 meses de gestión. Su primera confrontación con la organización civil se suscitó a inicios de julio de 2021, cuando los productores bananeros y arroceros anunciaron su decisión de bloquear las vías este lunes 12 de julio, para insistir en una solución a sus problemas, debido a la caída de precios de los productos agrícolas. Ante esto, Lasso respondió contundentemente que no permitiría la paralización forzada del transporte y la movilidad ciudadana.
Esta mano está extendida para quienes quieren dialogar. Pero aquellos que con apenas 45 días de gobierno amenazan con paros y cierres indefinidos de carreteras, les espera un tiempo indefinido en la cárcel porque eso es un delito», Guillermo Lasso.
Paros y cierres de carreteras serán castigados con la cárcel
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona estas conductas con una pena de 1 a 3 años de prisión; sin embargo, la Constitución de la República permite y garantiza la protesta social pacífica, por lo que el vocero de los productores, Richard Intriago, respondió mediante un videoselfie, que se viralizó en redes sociales, que no temen las amenazas que puedan realizarles, pues es necesaria la atención del sector rural para fortalecer la economía nacional.
Este lunes, varias vías de la Costa amanecieron bloqueadas y los manifestantes, convocados por el Movimiento Nacional Campesino, insisten en que la medida es necesaria para lograr la atención del Gobierno ante sus problemas económicos, así como las dificultades para cubrir sus deudas bancarias y a sus propias familias por la precaria condición del sector agropecuario. Desde Petrillo, parroquia de la provincia de Guayas, Intriago llamó a la ciudadanía a comprender su situación y a solidarizarse con la movilización campesina, para lograr condiciones dignas para la ruralidad. Hasta el momento, no se ha reportado acciones de respuesta policial como lo anunció Lasso.
Otro factor que origina el descontento ciudadano tiene que ver con la liberalización de los precios de combustibles, ordenada por el expresidente Lenín Moreno, y que ha eliminado el subsidio a la gasolina, permitiendo que suban su costo mensualmente en función de la fluctuación de los mercados internacionales. Justamente este mismo 12 de junio entraron en vigencia los nuevos valores en las gasolinerías, por lo que los gremios afectados han solicitado al mandatario que revierta el decreto y estabilice el precio de los derivados de hidrocarburos.
Fue esa la razón que motivó el paro nacional de octubre de 2019, cuando los sectores del transporte y el movimiento indígena convocaron a una jornada de protesta social, que dejó 11 fallecidos, detenciones ilegales, decenas de heridos y personas con mutilaciones de ojos y dientes, por lo que el temor a que la movilización ciudadana sea objeto de represión policial e impunidad, se mantiene vigente. Al respecto, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) Ecuador señaló su preocupación por la solidaridad que el mandatario expresó a su homólogo colombiano, Iván Duque, y no al pueblo colombiano en medio de fuertes protestas y represión policial.
Desde los organismos vigilantes de Derechos Humanos, se ha extendido la invitación a garantizar el derecho a la protesta y a no criminalizar las jornadas de movilización ciudadana, al igual que su antecesor y otros presidentes de la región, lo cual no ha sido respondido enfáticamente por Guillermo Lasso, quien enfrenta su primer paro a tan solo 45 días de mandato.
Por: Viviana Paredes
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