En los últimos años, la situación en los centros carcelarios del Ecuador ha causado conmoción en la ciudadanía que accede a esta realidad a través de videos violentos filtrados por los privados de libertad (PPL), en las redes sociales, que datan de los enfrentamientos, amotinamientos y homicidios que se generan entre reclusos.
Esta situación inclusive ha llamado la atención de la prensa internacional como la BBC de Londres, que calificó a la situación como una “masacre”.
Uno de los episodios más impactantes se registró el pasado 23 de febrero cuando cuatro centros de rehabilitación social de media y alta seguridad fueron el escenario de una pelea entre grupos de PPL, dejando como resultado 28 muertos en Guayas, 33 en Azuay y 8 en Cotopaxi, solo durante esa jornada, según información del Sistema de Atención a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).
Ante la situación el ex presidente Lenín Moreno decretó y renovó en dos ocasiones el Estado de Excepción, con el objetivo de controlar la crisis y buscar soluciones a futuro, sin embargo, los resultados no se han cristalizado en un control efectivo de los centros carcelarios. Solo entre 2016 y 2020 la Fiscalía registró 474 intentos de fuga, estos hechos, de acuerdo al ex mandatario, se presentaron debido a la deficiencia de personal de seguridad y la falta de recursos frente al aumento de la delincuencia y de PPL, especialmente por actividades relacionadas al narcotráfico.
Además, las autoridades han informado sobre otros delitos infringidos dentro de los centros de detención. Entre otros ejemplos podemos citar los suicidios en 2017 del presunto autor del secuestro de la niña Emilia B., en la cárcel de Turi y recientemente, del ex secretario de la Presidencia, José Briones en la cárcel 4. También en 2017, tres PPL del CRC Latacunga habrían muerto por intoxicación alcohólica, en 2018 se registró un femicidio en la cárcel de Ambato durante una visita conyugal y en esos mismos años trascendieron amenazas de muerte videograbadas por PPL, en contra del ex vicepresidente Jorge Glas.
Con tantas alertas encendidas alrededor de la crisis carcelaria, el presidente Guillermo Lasso enfrenta el reto de encausar el sistema para lograr una rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente y reinsertarlas en la sociedad, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, así como garantizar la protección y los derechos de las personas privadas de libertad. Los asuntos urgentes refieren a la reasignación de presupuesto, la solución al hacinamiento, la contratación de más personal y el fin de la violencia entre reclusos.
Finalmente, la Corte Constitucional del Ecuador se pronunció en 2020 sobre la declaratoria de estados de excepción para atender la crisis, indicando que el ejecutivo debía presentar un plan de atención integral a mediano y largo plazo para evitar los amotinamientos y episodios de violencia, así como, la garantía de los Derechos Humanos de los PPL y comunicó que es necesario que se logre “la investigación, determinación de responsabilidades por acción u omisión y eventual sanción a los responsables de los hechos ocurridos” que causaron la crisis que aún afronta el país.
Por: Viviana Paredes
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