En horario estelar, se transmitió este domingo 4 de julio de 2021 el primer programa de la ya conocida marca digital La Posta, pero esta vez con una versión XXX, por la señal de TC Televisión, medio incautado que pertenece al Estado ecuatoriano. Los presentadores Luis Eduardo Vivanco, de 37 años; y Andersson Boscán, de 29, se convirtieron en tendencia por los contenidos difundidos en los que, a través de un acróstico, insultaron a Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mientras lanzaban dardos a la fotografía del líder indígena.
Desde la propia Conaie y varios sectores, se elevaron expresiones de rechazo a actitudes calificadas como racistas y que podrían llegar hasta una demanda por el delito de discriminación, amparado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona este tipo de conductas en el artículo 176, con una pena de 1 a 3 años de prisión contra quienes propaguen, practiquen o inciten a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, identidad cultural, ideología u otros factores, con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad.
https://twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1412071253691744256
Además de las implicaciones legales que podrían producirse por las expresiones de Vivanco y Boscán, surge el debate sobre la propuesta de “autorregulación” del gobierno de Guillermo Lasso, que implica una ausencia de normas estatales para los medios de comunicación privados, públicos y comunitarios, confiando únicamente en sus normas éticas y los principios profesionales de sus periodistas y presentadores. De hecho, en su primera semana de gestión, el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Libertad de Expresión, que busca proteger las opiniones emitidas en los diferentes medios, como base de las libertades y elimina las instituciones que regulan sus acciones.
Aunque aún se mantiene vigente la Ley Orgánica de Comunicación, calificada como “Ley Mordaza” por los distintos voceros mediáticos, en 2019 fue modificada eliminando la Supercom como ente de regulación y entregando sus funciones a la Defensoría del Pueblo, que actualmente tiene la competencia para conocer y sancionar estos contenidos, en caso de que sean determinados como discriminatorios dentro de la institución. Le corresponde, entonces, a la Conaie elevar su queja ante Zaida Rovira, defensora encargada, o al Consejo de Regulación de la Información (Cordicom) presentar un informe de oficio a la Defensoría para el inicio del trámite.
Este lunes 5 de julio, horas después de que el tema se volviera mediático, Vivanco y Boscán, quienes en octubre de 2017 decidieron fundar el proyecto comunicacional que se transmitía antes en las plataformas de Youtube y Facebook, se han pronunciado en redes sociales. Por un lado, se disculpan por la situación; sin embargo, insisten en continuar acusando de terrorismo al movimiento indígena y a su dirigencia por los hechos de octubre de 2019, cuando Leonidas Iza jugó un rol fundamental en la protesta social.
Desde el Gobierno, también existen pronunciamientos. La Secretaría General de Comunicación y su titular, Eduardo Bonilla, rechazaron las expresiones vertidas en el programa, e instaron al canal del Estado a imponer las sanciones correspondientes. Incluso, el presidente Lasso se hizo eco del comunicado oficial.
Organizaciones periodísticas también se hacen eco al rechazo de los contenidos emitidos en el primer programa de La Porta XXX, señalando una responsabilidad del Estado en esta situación, al permitir que un show con esos antecedentes cuente con un espacio semanal en un medio estatal.
No es la primera vez que La Posta es el centro de las críticas, por sus opiniones que causan repudio entre los usuarios, como por ejemplo el contrato firmado por el medio digital y la Contraloría General del Estado, a cargo del procesado Pablo Celi para la realización de una obra de teatro por $15.000. También fueron bautizados como «La Pauta», tras el enfrentamiento que Vivanco mantuvo con el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, en donde este último dejó entrever que se oponían a su gestión debido a la finalización de contratos comunicacionales en el Municipio, una vez finalizado el mandato de Mauricio Rodas.
Además de esto, también han emitido expresiones calificadas como racistas y que levantaron la preocupación del Consejo de Protección de Derechos de Quito, cuando en un diálogo transmitido en sus redes sociales indicaron que la mejor solución para terminar con las movilizaciones de octubre de 2019 era aplicar la frase textual “indio encontrado, indio preso”. En noviembre de 2019, el organismo señaló que estos comentarios discriminatorios afectan a los derechos colectivos y llamó al Cordicon a tomar cartas en el asunto, sin recibir una respuesta del titular de la época, Edison Toro.
Queda en la ciudadanía juzgar si lo presentado por Vivanco y Boscán corresponde a las acciones enmarcadas en la libertad de expresión o podrían ser sancionados por delito de discriminación, proceso que la Conaie y el propio Iza anunciaron.
Por: Viviana Paredes
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