Siete procesados por el delito de delincuencia organizada, entre ellos el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley, se beneficiarán de la nulidad del proceso, dispuesta por la jueza Verónica Medina. La decisión se sustentó en la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso de los investigados, y que la Fiscalía ha actuado con deslealtad durante las primeras etapas procesales.
¿Por qué investigaban a Abdalá Bucaram?
Bucaram fue detenido la madrugada del 12 de agosto de 2020, cuando su vivienda en Guayaquil fue allanada por la Fiscalía, dentro de la investigación penal. Ese mismo día fue apresado un funcionario de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito; y se conoció que la investigación, iniciada meses antes, incluía a Jacobo Bucaram y otros 4 agentes de la entidad municipal.
De acuerdo con la teoría planteada por la fiscal del caso, los procesados estarían involucrados en la gestión de credenciales falsas del Departamento Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, entregadas a los ciudadanos israelíes Shy Dahan y Oren Sheinman durante la emergencia sanitaria, para supuestamente evitar los controles oficiales e ingresar productos de bioseguridad, que más tarde serían revendidos al gobierno de Lenín Moreno. Los agentes de la AMT, según los extranjeros, también habrían pertenecido a la escolta presidencial y les habrían brindado servicio de escolta motorizado para las entregas de los insumos médicos en los hospitales públicos.
Los extranjeros fueron detenidos en junio de 2020, con más de $300.000 en efectivo, producto de la venta de pruebas rápidas para la detección de COVID19, y acusados del delito de enriquecimiento privado no justificado. Sheinman fue sentenciado en noviembre a 6 años y 8 meses de prisión, tras sobrevivir a un ataque dentro de la cárcel, en el que resultó muerto Dahan. Por este hecho se acusó como responsables a Abdalá y Jacobo Bucaram. Hasta abril de 2021, el proceso estaba a cargo de la jueza María Elena Lara, quien fue recusada por la defensa del expresidente y el caso recayó en la jueza Verónica Medina.
¿Qué pasó con la jueza Medina?
Medina dirigió la audiencia preparatoria de juicio, desarrollada en el Complejo Judicial Norte de Quito, acto judicial en el que declaró la polémica nulidad, tras acoger el pedido de la defensa, que alegó que Jacobo Bucaram no habría sido notificado 72 horas antes de su detención, lo que vulneró su derecho a la defensa y se alteró el debido proceso. La magistrada también señaló que se han afectado a todos los procesados para basar su decisión. Esto implicaría que el proceso regrese a la etapa de indagación previa, lo que provocaría que todos los detenidos sean liberados, por cuanto se prolongaría de manera ilegal el plazo de prisión preventiva que han cumplido durante la investigación. Esto también podría dejar sin efecto la última resolución de la jueza Lara, quien bajo procedimiento abreviado condenó a dos de los exuniformados de tránsito a 5 años de prisión.
En redes sociales, los usuarios ubicaron en tendencia a Verónica Medina Niama luego de que la Fiscalía comunicó a la ciudadanía la decisión y su apelación oral, realizada durante la audiencia. El abogado Carlos Bravo recordó que la misma jueza fue destituida en otro caso por “favorecer abierta e ilegalmente” al excontralor de Bucaram, Fernando Rosero.
Continúa la justicia en el ojo público, luego de la fiscal Diana Salazar denunciara presiones en su contra en el caso Las Torres, que involucra al contralor Pablo Celi. Esta nueva resolución podría permitir a Bucaram solicitar la reparación causada a sus derechos, como ya lo hizo en 2017, cuando demandó al Estado ecuatoriano por actos de odio, actos crueles y torturas, por lo que solicitó una indemnización de $200 millones, como reparación por los daños causados a sí mismo y a su familia, como su exilio en Panamá luego de ser derrocado en 1997.
Transparencia vs presiones, la realidad del sistema judicial
Por: Viviana Paredes
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