La justicia ecuatoriana: ¿Presión mediática y momento político?
La crisis institucional que vive el país se puede percibir en distintos niveles del Estado, desde la acefalía en la Contraloría General hasta los problemas en la realización de trámites en entidades como el Registro Civil. La inestabilidad de las autoridades de control y el despido de miles de funcionarios, así como la desaparición de empresas del Gobierno han incidido en su debilitamiento, que alcanza el campo jurídico con vulneraciones al debido proceso en casos considerados de interés público, por ocupar espacios en los medios de comunicación.
Los casos judiciales que se han destacado en los últimos meses tienen relación con las adquisiciones realizadas durante los primeros meses de la emergencia sanitaria por COVID-19, como la comercialización de insumos médicos y fundas para cadáveres con sobreprecio. Aquí aparece en escena Daniel Salcedo Bonilla, quien fue condenado, junto con su pareja Jocelyn Mieles; y el piloto Franklin Lara, a 4 años de prisión, en diciembre de 2020, por fraude procesal. Se trata de la vez en que Salcedo intentó escapar en una avioneta junto a su pareja y 2 ciudadanos más, y donde la Policía Nacional encontró $15 millones en una maleta.
A este proceso también fue vinculado Alfredo Adum, dueño de la aeronave. El también exministro de Energía de Abdalá Bucaram fue detenido para investigaciones y liberado al día siguiente, posteriormente le dictaron arresto domiciliario, medida que luego fue reemplazada por uso de dispositivo electrónico. En diciembre de 2020 debió enfrentarse a juicio; sin embargo, su audiencia fue postergada por su estado de salud. Han pasado 6 meses y no se lo ha vuelto a convocar.
Dentro de estas investigaciones, en agosto de 2020, la Fiscalía allanó el domicilio del expresidente Abdalá Bucaram, allí encontró medicamentos supuestamente destinados a los hospitales públicos para la atención de la emergencia, por lo que fue procesado por delincuencia organizada, junto con 2 ciudadanos israelíes y 2 exuniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, quienes habrían usado y facilitado credenciales falsas de la Administración de Control de Drogas – DEA (EEUU), para burlar los controles oficiales durante la cuarentena. Luego de 5 intentos fallidos de instalar la audiencia preparatoria de juicio, el 21 de junio de 2021, la jueza Verónica Medina declaró la nulidad de lo actuado, por -entre otras cosas- violaciones a los Derechos Humanos del también procesado Jacobo Bucaram Pulley.
Otros casos polémicos
El caso del del informático sueco Ola Bini, detenido en 2019 y posteriormente liberado, aún no puede concluir. Tras casi 200 días de espera, su defensa informó que la audiencia preparatoria de juicio se reinstalará este 29 de junio, a las 14:00. Se lo acusa de delitos informáticos relacionados con su amigo, el australiano Julian Assange. Existen más de 120 vulneraciones a los Derechos Humanos del procesado, según su abogado Carlos Soria. A esta denuncia se unió la fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), al indicar que las garantías jurídicas de Bini fueron vulneradas. En abril de este año, la relatoría de Derechos Humanos de la CIDH expresó que “considera preocupante que durante 2020 haya continuado en suspenso el proceso contra el activista informático Ola Bini, cuyas audiencias preparatorias de juicio fueron suspendidas y reprogramadas por lo menos cinco veces”.
Otro proceso que sigue esperando una decisión judicial es el de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el ahora parlamentario andino, Virgilio Hernández; y su asesor Christian González, procesados por el delito de rebelión, en un mediático caso derivado de las protestas de octubre de 2019. Su defensa alegó que se irrespetaron las garantías jurídicas, los investigados cuentan con grilletes electrónicos y medidas de presentación periódica ante la Fiscalía, aunque la CIDH dispuso medidas de protección, a favor de los entonces detenidos en 2019.
Los procesados fueron llamados a juicio en agosto de 2020, y hasta la fecha no se conoce de la instalación de su juicio penal.
El caso Sobornos, antes llamado Arroz Verde, logró una rápida atención de parte de la Justicia. La Corte Nacional de Justicia decidió el recurso de casación en apenas 17 días y ratificó el fallo de triple reiteración en la causa agotando, de esa manera, todas las instancias nacionales de apelación para la defensa del expresidente Rafael Correa y otros procesados, sentenciados en 2020 días antes de que culmine el plazo de inscripción de candidatos para las elecciones generales, en las que Correa aspiraba a participar como candidato a la Vicepresidencia de la República. Sin embargo, su inhabilitación se debatió y conoció en poco tiempo, por lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no dio paso a su inscripción como binomio de Andrés Arauz, y fue reemplazado por Carlos Rabascall.
El mediático juez Iván Saquicela, quien lideró al tribunal que condenó a Correa en abril de 2020, fue nombrado presidente de la Corte Nacional de Justicia en febrero de 2021, esta institución también ha vivido crisis de institucionalidad tras un extendido proceso de evaluación de jueces, que ha causado inestabilidad entre sus autoridades, y lo que deriva en problemas en toda la rama que depende de ella.
Saquicela se ha mantenido atento a las presiones denunciadas por la fiscal Diana Salazar, recientemente sobre el proceso por delincuencia organizada contra Pablo Celi, y señaló que todos los casos de corrupción que cometan los jueces deben ser castigados. Ante la presión mediática y el momento político, aceptó que se retome que las audiencias telemáticas sean públicas, para impulsar la transparencia y eficacia judicial, como parte de las medidas más importantes de su reciente gestión.
Transparencia vs presiones, la realidad del sistema judicial
Por: Viviana Paredes
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