¿Absueltos? Ya no. El Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha aceptó, la noche del 15 de diciembre de 2021, el recurso de apelación, presentado por la Fiscalía, y llamó a juicio al expresidente Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo Bucaram Pulley, por delincuencia organizada.
Ambos son parte del proceso de negociación de 21.000 pruebas rápidas para detectar el Covid-19, entre marzo y junio de 2020, durante la emergencia sanitaria por la pandemia. En una diligencia, en octubre de 2021, Abdalá y Jacobo Bucaram habían sido sobreseídos, pero con este nuevo revés judicial, tendrán que prepararse para ir a los tribunales.
En este mismo proceso, el Tribunal también ratificó la inocencia de Bryan P. y Verónica A.
En la audiencia de apelación, la fiscal del caso indicó que el juez de Garantías Penales, Geovanny Freire, “no valoró correctamente los más de 60 elementos de convicción” en la audiencia preparatoria de juicio, de septiembre de 2021. Esto dio paso a que los Bucaram fueran sobreseídos y solo se llamó a juicio a otros tres procesados.
Dijo además que, si bien las presuntas irregularidades se habrían configurado entre marzo y junio de 2020, las actividades se extendieron hasta octubre. Según la investigación de Fiscalía, en ese lapso se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
Dos de sus agentes habrían brindado seguridad a los israelíes Sheinman O. y Shy D. (asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral), para el traslado de las pruebas Covid-19 hasta Guayaquil. Los exagentes de la AMT, Kléver A. y Jhonny S., ya fueron sentenciados mediante procedimiento abreviado. Es decir, aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados.
Tras conocer el fallo judicial, el expresidente Bucaram arremetió contra los jueces del tribunal.