Con 3 pedidos de remoción contra el alcalde, Jorge Yunda, y uno contra el vicealcalde, Santiago Guarderas, el municipio de Quito parece estar en jaque, con un futuro incierto debido a los indicios de corrupción que se han descubierto.
Este martes además, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, solicitó la orden de prisión en contra Yunda, a quien se acusa junto a otros 14 procesados, de peculado.
Yunda, quien porta un grillete electrónico, aseguró que está sorprendido por el pedido de Fiscalía y aseguró que al ser alcalde de Quito, “no existe riesgo de fuga. He cumplido las medidas cautelares de forma estricta. Aquí estoy y aquí estaré”.
Sigo atento la audiencia preparatoria de juicio en mi contra y me sorprende que la FGE solicite prisión preventiva cuando al ser alcalde de Quito, no existe riesgo de fuga. He cumplido las medidas cautelares de forma estricta. Aquí estoy y aquí estaré.
— Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) April 27, 2021
El ilícito se habría dado en la Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) en la compra de 100.000 pruebas para detectar el COVID-19, y según la Fiscalía, hay más de 80 elementos de convicción contra los procesados.
Las irregularidades estarían registradas en el contrato de $ 4,2 millones suscrito entre el Municipio y la empresa Salumed, para adquirir las pruebas para detectar el COVID-19.
Santillán señaló que fue el alcalde quien declaró el estado de emergencia en la ciudad y dispuso a la Secretaría de Salud que formule el plan de contingencia que contemplaba la adquisición de implementos y vacunas.
Acorde a las investigaciones, el cabildo pagó $ 2.6 millones como anticipo del 70% del contrato suscrito en abril de 2020 con Salumed, pese a que su producto no cumplía con los límites de detección de la enfermedad.
Esta situación se suma a los pedidos de remoción de Yunda, a quien se acusa de actos ilícitos en el municipio, además de no cumplir a cabalidad con sus funciones.
El primer pedido ya es analizado por la Comisión de Mesa y tardaría unos 20 días en dar una respuesta, después de seguir el debido proceso que implica calificar la denuncia y permitir su defensa a los acusados. Para lograr la remoción de Yunda como alcalde, se requiere de 14 votos en el concejo cantonal.
Pero no solo Yunda es acusado de no cumplir, también el vicealcalde Santiago Guarderas ha sido criticado y la de Taxis EjUnión Nacionalecutivos del Ecuador pidió su remoción porque no habría cumplido sus funciones a cargo de la Comisión de Movilidad del Municipio.
Respecto al pedido en su contra, Guarderas considera que es extraño y apunta a que hay una maniobra política.
Por: Stalin Briones
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