La atención sobre los procesos que han favorecido y lo siguen haciendo a Jorge Yunda, sigue sobre los jueces involucrados. Todo comenzó cuando al alcalde de Quito le dictaron medidas de protección. Días después, exactamente el 8 de julio de 2021, el Consejo de la Judicatura informó que habrían detectado presuntas irregularidades en el sorteo para designar a los magistrados que conocerían la causa. Denuncias ciudadanas sobre ingresos no autorizados e irregulares al sistema detonaron la alerta, lo que habría sido aplicado en los recursos jurídicos, presentados por Yunda para mantenerse en el cargo de alcalde de Quito.
El alcalde recurrió a la justicia constitucional con el objetivo de que sus derechos políticos vulnerados en el proceso de remoción, conocido y aprobado por el Concejo Metropolitano, el 2 de junio de 2021, sean restituidos, toda vez que -según dijo- el informe aprobado por los concejales vulneró su derecho a la defensa “en la garantía de imparcialidad”. Y así lo confirmó la jueza María Belén Domínguez en su fallo del 28 de junio, otorgando parcialmente la acción de protección a Yunda.
Esta decisión fue apelada por 11 concejales del Distrito Metropolitano, mismos que votaron a favor de su remoción, para imponer su decisión ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el 29 de junio. Aunque denunciaron que no podía tratarse el mismo tema por dos vías: la electoral y la constitucional, legitimaron esta segunda, al solicitar la nulidad de la acción de protección, otorgada por Domínguez, pedido rechazado por el tribunal de la Sala especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte de Justicia de Pichincha, que permitió a Yunda volver a sus funciones.
Tras esa decisión, nuevamente el Consejo de la Judicatura cuestiona la decisión, disponiendo en 48 horas iniciar sumarios administrativos a los presuntos vinculados en las irregularidades dentro de los sorteos, pero no de manera general, sino expresamente los relacionados con el alcalde Yunda, mientras que, pide directamente a la Corte Constitucional que conozca preferentemente los pedidos de nulidad de causas referentes a recursos de protección, con el fin de acelerar la capacidad “disciplinaria” sobre sus empleados y jueces ante presuntas irregularidades.
Con los casos de Yunda, el Consejo de la Judicatura se ha convertido en un actor relevante dentro de la disputa por la Alcaldía, pero también en la situación judicial nacional, al solicitar recursos económicos al gobierno de Guillermo Lasso para ejecutar el proceso de evaluación de desempeño y productividad a los 1.818 administradores de justicia, a escala nacional y que fueron revisados por última vez en 2018.
Aunque la Ley exige que este proceso se realice cada 3 años de manera regular e ininterrumpida, la Judicatura, presidida por María del Carmen Maldonado desde 2019, tras su nombramiento por parte del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, de Julio César Trujillo (+), no ha realizado la convocatoria para cumplir los plazos legales y ha dejado la evaluación como una necesidad derivada de un polémico fallo en medio de una crisis, sobre la que, la misma ministra de Gobierno, Alexandra Vela, ha reconocido que “el problema de Quito ya no está en el ámbito jurídico, sino en lo político”.
Por: Viviana Paredes
redaccion@cromaclictv.com