La fiscal general del Estado, Diana Salazar, compareció ante la Comisión de Fiscaliazación de la Asamblea Nacional para informar sobre la investigación por presunta delincuencia organizada contra Pablo Celi, excontralor subrogante del Estado.
Salazar informó que hay 18 nuevas investigaciones sobre Celi, quien también enfrenta un juicio político por parte de la Asamblea.
“El proceso cuenta con 475 cuerpos, 854 diligencias y 74 impulsos fiscales. La investigación se inició el 29 de julio de 2019, con base en información recibida de Interpol que hacía presumir la existencia de un delito, tras la detención de José de la T. y Roberto B. en Estados Unidos”, dijo.
“Pablo Celi, como contralor general del Estado, habría solicitado desvanecer 6 glosas de NOLIMIT S. A. por alrededor de $13 millones entre 2017 y 2020, para lo cual Luis Esteban Celi, Su hermano, habría solicitado y recibido dinero de dicha empresa», agregó.
«En los allanamientos del 12 y 13 de abril de 2021, se detuvo a 9 personas, entre ellas Pablo Celi y el exsecretario de Presidencia, José Agusto, se incautaron 46 teléfonos, 48 computadoras, 65 dispositivos de almacenamiento, 4 cajas fuertes, 93.000 dólares y otros elementos», señala.
«El 14 de abril se desarrolló la audiencia de formulación de cargos, el 17 de mayo una audiencia de vinculación y el 9 de julio una segunda vinculación. Actualmente, 15 personas son procesadas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada», dijo.
«En la audiencia de formulación de cargos se presentaron 16 elementos de convicción contra Pablo Celi y 8 personas más. No obstante, al día 102 de la instrucción fiscal, se han sumado alrededor de 20 nuevos elementos, producto de versiones y pericias practicadas», expresó.
Agregó que “estamos a pocos días de concluir la instrucción fiscal. Nos encontramos practicando diligencias investigativas, que incluye la toma de testimonios anticipados de José de la T., José de la P., Luis M., entre otros».
«Lamentablemente, estas pericias no se han podido completar hasta la fecha por argucias jurídicas de ciertas defensas de procesados que no quieren que se diga la verdad”, añadió.
“Espero que la información expuesta sea un aporte a este proceso y coadyuve a que las conductas ilícitas que se le imputan al excontralor reciban las sanciones que corresponden, no solo en el ámbito penal, sino también en lo político”, concluyó.