Abdalá Bucaram no puede autoincriminarse, según su abogado
La Fiscalía General del Estado emitió dictamen acusatorio contra el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo, Jacobo junto a un exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y cuatro personas más, quienes presuntamente incurrieron en irregularidades en la negociación de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico de COVID-19.
- Este miércoles 15 de septiembre, el juez penal de Pichincha, Geovanny Freire, pudo instalar la audiencia preparatoria de juicio, luego de varios diferimientos e incidentes provocados por las defensas de los procesados.
De acuerdo con el dictamen acusatorio de Fiscalía, durante ese tiempo se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. (este último asesinado el 8 de agosto en la Penitenciaria del Litoral), para el traslado de las pruebas de diagnóstico de COVID-19 hasta Guayaquil.
Bryan P. Y Sheiman O. fueron acusados por el inciso primero de esa normativa legal, pues figurarían como los presuntos líderes de la supuesta organización; mientras que a Abdalá Bucaram, Jacobo Bucaram junto a dos personas más, son señalados como colaboradores.
Por otra parte, los abogados de la familia Bucaram argumentaron:
Las llamadas a las que todo el mundo se refiere usted puede leer los exámenes periciales y en ninguno pudieron constatar y comparar las voces.
Sin embargo, el propio Abdalá había confirmado que era su voz la que se escuchaba en las grabaciones con los israelitas implicados, a lo que sus abogados respondieron:
Si pero es que él (Abdalá Bucaram) no se puede autoincriminar.
Mientras que para Abdalá Bucaram se revocó la orden de arresto domiciliario y se le cambio, también a través de un habeas corpus, por presentaciones periódicas.
Este 16 de septiembre, la defensa de los Bucaram argumentarán su defensa en audiencia preparatoria de juicio por presunta delincuencia organizada en la negociación de 21.000 pruebas rápidas de COVID-19.
