Luego de 32 días finalizó la huelga de hambre de los docentes ecuatorianos que exigen a los integrantes de la Corte Constitucional, que ratifiquen las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) remitidas al Registro Oficial, por parte del expresidente Lenín Moreno el pasado 10 de abril.
La decisión de levantar la huelga fue tomada una vez que se conoció la resolución del máximo organismo constitucional que satisfizo los pedidos del magisterio al garantizar que se respetará, especialmente, el sistema de escalafón docente y fijación de salarios que decidieron los asambleístas dentro de las reformas que aprobaron el 9 de marzo de este año.
Sin embargo, a pesar de contar con la aceptación de la Legislatura y del Ejecutivo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) interpuso una demanda de inconstitucionalidad a las reformas, alegando que las mismas causarían una desestabilización en el funcionamiento de la institución al reformar el sistema de jubilación, eliminando los años de servicios mínimos para el efecto. Ante el pedido, la Corte Constitucional decidió medidas cautelares que suspendieron la aplicación de la norma modificada, por lo que la Unión Nacional de Educadores (UNE) tomó la decisión de iniciar y mantener una viable protesta en defensa de sus derechos.
Aunque en un primer momento, los profesores han calificado como una victoria al fallo que les da razón en la mayoría de puntos reformados, aún no ha resuelto la vigencia del sistema especial de jubilación ni del incremento progresivo salarial contemplado. Al respecto, los representantes del gremio fueron convocados a mesas de diálogo desde la Asamblea de Guadalupe Llori y el gobierno de Guillermo Lasso para solucionar el asunto referente a los pedidos de incremento salarial, ante una crisis que ellos denominan como heredada.
Pero las modificaciones a la LOEI no fueron menores. De hecho, se reemplazó al 80% del cuerpo legal, tras un largo proceso de debates y comparecencias entre las que se incluyó la defensa de los cambios por parte de la exministra de educación, Monserrat Creamer, así como de expertos y representantes del gremio de docentes que permitieron a los 126 asambleístas que las apoyaron, tomar una decisión sustentada pero no del todo legal.
Ecuador está atravesando una etapa de vacío leales y protagonismo de la Corte Constitucional frente a los conflictos jurídicos que constituyen un traspié para la institucionalidad y perjudican al país, un caso similar podría haberse vivido con el proyecto de Ley para la Gestión de la Emergencia Sanitaria por pandemia, que remitió Lenín Moreno a la Asamblea y que por supuestas distorsiones fue retirado por Guillermo Lasso tras el infirme legal de su equipo.