El procurador del Estado, Íñigo Salvador, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para explicar la defensa que se utilizó en el caso Perenco, empresa a la que se le debe cancelar $374,37 millones, lo cuales se intenta negociar.
Hasta ahora no existe un acuerdo de pago tras el fallo definitivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por una disputa que data del 2007, cuando el entonces presidente, Rafael Correa, modificó las condiciones del 50% al 99% de las ganancias en los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados.
La petrolera Perenco alegó ante tribunales internacionales una violación al tratado bilateral de inversiones suscrito en 1994 entre Ecuador y Francia, y reclamó una indemnización que le fue concedida y ahora el Ecuador necesita pagarlas o llegar a un acuerdo de pagos.
Salvador apuntó que cuando asumió el cargo, el laudo era de $471 millones y logró reducirlo a $435, y recordó que el proceso inició en el 2008 y cuando tomó el caso solo quedaba pendiente realizar un informe pericial por daño ambiental, gracias al cual Perenco debe pagar $54 millones.
El procurador detalló que ahora solo queda negociar un plan de pago a Perenco esperando que la difícil situación económica del país a causa de la pandemia del COVID-19, sea considerada por la petrolera.
Si al cumplirse 60 días después del fallo, Ecuador no ha pagado, iniciarán procesos de ejecución, en los cuales tendrá que intervenir el procurador para evitar las ejecuciones.
Por: Stalin Briones
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