El exasambleísta Daniel Mendoza salió libre, luego que la jueza de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Soledad del Carmen Manosalvas, le concediera el régimen semiabierto al haber cumplido más del 70% de la condena impuesta.
Bajo este régimen, Mendoza permanecerá hasta el 5 de agosto de 2024, fecha en la que cumpliría el 100% de la pena reducida, luego que fue una pieza clave de cooperación eficaz en este caso de delincuencia organizada.
Mendoza junto con el exlegislador Eliseo Azuero -quien es prófugo de la justicia- habrían dirigido una red involucrada en el desvío de fondos del anticipo entregado para la construcción del Hospital de Pedernales, en Manabí.
Por el delito de delincuencia organizada, Mendoza fue condenado en calidad de autor y bajo procedimiento abreviado a cuatro años y dos meses de prisión. La sentencia se emitió el 9 de noviembre de 2020.
Como él, otras personas se acogieron a este mecanismo para así lograr reducir sus condenas. En ese grupo están, por ejemplo, René Tamayo, Jean Carlos Benavides, Franklin Calderón y José Véliz, a quienes la Fiscalía los acusó como autores del delito. Para ellos la pena impuesta fue de 34 meses.
Inicialmente, el proceso se siguió en contra de una treintena de sospechosos, pero al final la acusación fue dirigida para menos de 20.
Para Jennifer Cobeña, Ángel Andrade y José Santos, la condena fue como colaboradores en la estructura delincuencial y recibieron 40 meses de prisión. La reparación integral fue establecida en ocho millones de dólares que debían dividirse entre los sentenciados que se sometieron al procedimiento abreviado y para los que se aplicó el proceso ordinario.
La audiencia para conocer la solicitud del régimen semiabierto de Mendoza se efectuó la tarde de este martes, 30 de mayo y en ella se acogió el pedido de la defensa del exlegislador que estuvo a cargo de Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.
El jurista presentó un certificado emitido por la Cárcel 4 en la que permanecía Mendoza privado de su libertad desde el 5 de junio de 2020.
En el documento se establece que para acogerse al régimen semiabierto el exasambleísta debía acreditar al menos el 60% de la pena impuesta y de acuerdo con el informe administrativo del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el exlegislador entre el 5 de junio de 2020 que fue detenido y el 30 de mayo último completó en la Cárcel 4, el 71,55% de su condena.
En su informe, además, el SNAI señaló que lo único que le corresponde es elaborar y emitir informes de verificación de cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios penitenciarios o cambios de régimen.
Asimismo, indicó que es potestad de la autoridad judicial conceder o no el beneficio solicitado por la persona privada de la libertad, tal como sucedió.