Un examen de Contraloría detectó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantuvo bajo una figura de continuidad, que no está prevista en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), a 396 funcionarios con contratos de servicios ocasionales.
El informe fue aprobado en junio y se observó la contratación de personal por servicios ocasionales por parte del CNE a fines de 2019.
La Contraloría analizó la terminación, continuidad y autorización de contratos de servicios ocasionales en el período del 1 de septiembre de 2019 al 31 de enero de 2020.
El CNE habría dado continuidad porque hubo una asignación de recursos y la autorización del Ministerio del Trabajo, sin embargo la solicitud no se habría hecho en el tiempo estipulado que es con 15 días de anticipación.
Diana Atamain, presidenta del CNE, en su momento detalló que los funcionarios no habían sido separados sino que sus contratos habían terminado y no se podía financiar prórrogas hasta diciembre, por lo que solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas que se asignen $1.3 millones.
El examen apunta que el CNE realizó pagos por contratos de servicios ocasionales entre noviembre y diciembre del 2019 por $1.613.873, aunque el saldo disponible hasta el 31 de octubre era solo de $517.713, por lo que no alcanzaba para cubrir esos valores.
Para cubrir ese déficit, el CNE redujo las partidas para Bienes y Servicios de Consumo y los tras pasó al gasto de personal.
Pero las irregularidades no terminan ahí, también se revisó 345 expedientes del personal de contratos de servicios ocasionales y se determinó que había incumplimiento de requisitos previos al ingreso al servicio público, tales como deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess) o presentación extemporánea de su declaración juramentada.
Además, se contrató como coordinador administrativo a un economista que no cumplía con el perfil profesional que se requería para el cargo.