La Contraloría General del Estado debe entregar la información que soliciten los asambleístas, pero estos deben guardarla en reserva, según determinó la Procuraduría.
El Contralor subrogante, Carlos Riofrío, consultó a la Procuraduría sobre los pedidos de los legisladores y esta concluyó que “la Contraloría tiene la obligación de entregar a los asambleístas la información sobre las resoluciones definitivas en sede administrativa que determinan responsabilidades civiles y administrativas o indicios de responsabilidad penal, siempre que su requerimiento se motive en procesos de fiscalización y control político”.
De esta forma, los asambleístas, “de conformidad con la Ley”, deberán mantener la información bajo reserva.
Cabe recordar que la Contraloría ha mantenido una política de no divulgar nombres de sus indagaciones para precautelar el principio de inocencia de las personas.