Contraloría: de la crisis institucional a la telenovela política
Las autoridades nacionales parecían haber encontrado una luz al final del túnel, para solucionar la crisis institucional que vive la Contraloría General del Estado desde que Pablo Celi fue detenido por el caso Las Torres, en el que se investiga una red de corrupción que desvaneció millonarias glosas a cambio de fuertes sumas de dinero. Su renuncia, presentada el 5 de julio de 2021, daría paso al proceso de elección del contralor titular, a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), presidido por Sofía Almeida.
Pero el 21 de julio se conoció que Almeida estaría incurriendo en el incumplimiento de pluriempleo, es decir se mantendría como funcionaria de la polémica Contraloría General del Estado, mientras preside el Cpccs. Esto desemboca en un abismo jurídico difícil de resolver porque además existiría conflicto de intereses en el nombramiento del nuevo titular de la Contraloría, proceso liderado por dicha servidora, quien ante la grave conmoción generada, presentó su renuncia pública e irrevocable al puesto administrativo que desempeñó por 14 años, y del cual se encontraba con licencia.
Sofía Almeida renuncia a la Contraloría, pero sigue al frente del CPCCS
Almeida fue electa consejera del Cpccs el 24 de marzo de 2019, por lo cual solicitó licencia sin remuneración a la Contraloría. Aunque es una medida correcta en primer momento, el siguiente paso que debió dar era la presentación de su desvinculación al organismo de control, una vez proclamados los resultados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), responsable del proceso de admisión, selección y aprobación de las candidaturas, dentro de los lineamientos establecidos en la Consulta Popular de febrero de 2018, que aprobó este método de designación para los miembros del Cpccs.
Aunque Almeida insiste en que su compleja situación no es relevante para el concurso de méritos y oposición, el tema no es menor porque, además de liderar el proceso de elección del que iba a ser su próximo jefe en la Contraloría, este incumplimiento de la norma, que prohíbe la contratación de un funcionario en dos entidades del Estado, podría acarrearle un proceso de enjuiciamiento político en la Asamblea Nacional, tal como ocurrió con sus dos predecesores José Carlos Tuárez y Christian Cruz, quienes fueron destituidos por irregularidades semejantes, en los últimos 2 años.
Esta revelación se da en el momento justo en que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana aprobó el reglamento para designar al contralor general del Estado, también cuestionado por eliminar la prueba práctica propuesta desde la ciudadanía y acogida por la mayoría de los integrantes del organismo. Si Almeida es llamada ante la Asamblea por el ejercicio de pluriempleo por 2 años, el concurso podría detenerse nuevamente y la Contraloría arrastraría al Cpccs a su trágica crisis institucional.
Por: Viviana Paredes
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