Desde el 28 de abril de 2021, Colombia es el escenario de multitudinarias manifestaciones, que han derivado en denuncias de desapariciones, fallecimientos, violencia física y sexual como resultado de la respuesta de los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para frenar las protestas. A finales de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que en el vecino país ha existido un «uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza». Las jornadas iniciaron tras el envío de la «Reforma tributaria» al Congreso, por parte del presidente Iván Duque.
Ante la propuesta oficial, la ciudadanía salió a las calles a manifestarse en contra de los nuevos impuestos a productos de consumo básico y el incremento del costo de vida, en un país marcado por las grandes desigualdades sociales y un conflicto interno, que ha durado aproximadamente 6 décadas. Ante la convulsión social, fue retirada la reforma con la que se esperaba recaudar $6.000 millones lo cual habría afectado, especialmente a la clase media y baja de Colombia.
A 35 días del inicio de las protestas, los sectores empresariales denuncian que más de 2.000 marchas en las diferentes ciudades y un número similar de bloqueos a las vías, dejan ya una pérdida económica de $2,7 millones. De otro lado, las organizaciones sociales tratan de visibilizar la violencia policial y el uso de armas de fuego contra los manifestantes por parte de grupos de civiles. Todo esto deja al menos 24 muertes confirmadas, según la Fiscalía y Defensoría del Pueblo colombianas.
La CIDH designó una misión para conocer la realidad interna del país, que permanecerá en Colombia del 8 al 10 de junio, tras anunciar públicamente su preocupación por el uso de la fuerza y los distanciamientos entre los representantes sociales y el Gobierno de Duque, que alejan las perspectivas de un acuerdo para finalizar el denominado paro nacional, en el que participan los sectores más pobres de varias urbes del país.
En 2019, tras las movilizaciones de octubre en Ecuador, el pueblo colombiano también salió a las calles entre noviembre de ese año y febrero de 2020 para mostrar su rechazo a la corrupción y la desigualdad social. Los dirigentes de las movilizaciones exigieron al Gobierno reformas en materia laboral, de jubilación y el fin a la criminalización de la protesta social, entre otros asuntos. Sin embargo, la jornada culminó sin lograr su propósito, con la llegada del COVID19 a Latinoamérica y los colombianos volvieron a la normalidad más de un año.
El presidente Duque se encuentra en su peor momento de popularidad, con un 74% de rechazo ciudadano, algo similar a lo ocurrido con los mandatarios Moreno, Piñera y Bolsonaro, quienes en los últimos años enfrentaron también jornadas masivas de movilización ciudadana, en respuesta a sus medidas económicas, incrementos en los servicios básicos y rechazo al manejo de la pandemia en sus países, lo que ha sido calificado por los jefes de Estado como actos supuestamente vandálicos dirigidos por organizaciones de izquierda para desestabilizar la democracia en la región.
Por: Viviana Paredes
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