Hablar de las cárceles en Ecuador eriza la piel a cualquiera. Y no solo por los presos que allí se encuentran, sino por las grandes matanzas registradas en estos 11 meses de 2021, que han cobrado 327 vidas en los centros carcelarios del país, principalmente en la Penitenciaría del Litoral.
La masacre del 12 de noviembre de 2021 confirmó lo que se venía escuchando y leyendo por todas partes: el Gobierno hace rato perdió el control de las prisiones a escala nacional. Además de no tener control ni liderazgo para asumirlo, tampoco cuenta con las armas necesarias para neutralizar a las bandas que dominan esas cárceles, mal llamadas centros de rehabilitación social.
Casi 5 días después de la matanza en la cárcel de Guayaquil, que dejó 62 fallecidos y 44 heridos, el director encargado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (Snai), Fausto Cobo -quien volvió a tomar el manejo penitenciario tras la remoción de Bolívar Garzón-, reconoce que la fuerza pública no ha tomado control de los pabellones, donde precisamente se originó la masacre.
Y lo que es peor, tampoco ha podido decomisar las armas que los presos usaron para matar a sus compañeros del pabellón 2 y del área transitoria, donde se encontraban reos de menor peligrosidad.
Esto, pese a que desde el 15 de noviembre, los militares se suman a los policías en los controles, dentro y fuera de las instalaciones de la Penitenciaría y del resto de cárceles del país, entre señalamientos de la Corte Constitucional y la salida del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Cabrera, a quien el presidente Guillermo Lasso reemplazó con Fabián Fuel.
A estas tareas, se unieron maquinarias pesadas, que ingresaron con Cobo a bordo, para limpiar el perímetro de la Penitenciaría, como la maleza, que según dijo, es donde esconden los objetos prohibidos que ingresan a los pabellones, uno de ellos destruido por los internos para ingresar y ejecutar los asesinatos.
Decisiones del Gobierno
Las voces más críticas responsabilizan directamente al Gobierno de las masacres en las cárceles y de un Estado de Excepción, vigente desde el 29 de septiembre de 2021, que no ha servido para frenar esta ola de violencia tras las rejas, que traspasa hasta las calles de ciudades como Guayaquil, entre otras.
De hecho, desde que rige esta medida se ha incrementado el número de balaceras y disturbios, llegando a matanzas sin precedentes en el país. Las causas cada vez resultan más confusas, desde el Ejecutivo lo atribuyen a las mafias del narcotráfico, incluso el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, habló de terrorismo en un momento de conmoción política que busca la destitución del primer mandatario.
Tres días después de los hechos, el presidente Guillermo Lasso se reunió con las autoridades de las instituciones del Estado, con quienes logró un acuerdo nacional para enfrentar la crisis penitenciaria, que incluye indultos a presos con enfermedades catastróficas, algo que ya había ofrecido anteriormente, y el proyecto de Ley de Defensa Ciudadana, donde dijo dará impulso a la aplicación de delitos contra los jefes de las mafias del narcotráfico y donde se le permitirá a los uniformados el uso progresivo de la fuerza.
Este anuncio lo amplió en horas de la noche, cuando dijo que él mismo se hará cargo de la coordinación nacional de las fuerzas del orden, y que la seguridad ciudadana será su prioridad 1, como en su momento lo fue la vacunación.
La crisis carcelaria en Ecuador encendió las alertas de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que anunció su visita para los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2021. Además de los crímenes desgarradores, le preocupa la huelga de hambre de los reos de otros centros carcelarios, como Turi, Chimborazo y Latacunga.
Lo que pasó realmente en la Penitenciaría del Litoral será un misterio. A pesar de las casi 3 horas de transmisión, con gritos, clamor y pedidos de ayuda ante lo que ocurría, no hubo una inmediata intervención policial, según su comandante general Tannya Valera, porque no había las garantías para los servidores policiales.
Sin precisar fechas, Cobo indicó que muy pronto prevén ingresar a los pabellones, para retomar el control total de la Penitenciaría del Litoral. Mientras, a los familiares de las víctimas de esta matanza no les queda consuelo para asumir lo sucedido. Hay quienes aún esperan conocer noticias sobre sus parientes, ya que aún hay 14 cuerpos (unos mutilados, otros incinerados) por identificar.