La Asamblea Nacional saliente tramitó 16 juicios políticos en los 4 años de sus funciones, siendo el proceso contra María Paula Romo, exministra de Gobierno, el más sonado.
De los 16 juicios, solo 3 no pasaron al pleno y se quedaron en la comisión de Fiscalización, se trata de los casos contra el exvicepresidente Jorge Glas, el expresidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh; y el exsuperintendente de Bancos, Cristian Cruz.
El primer juicio efectivo de la Asamblea fue en el 2017 contra excontralor del Estado, Carlos Pólit, quien fue censurado después de su renuncia y huida del país, tras haber sido acusado de aceptar coimas en el caso Odebrecht.
En marzo del 2018 se destituyó a Carlos Baca de la función que cumplía como fiscal general del Estado, y días después el entonces superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, también fue censurado y destituido por incumplimiento de funciones.
En octubre de 2018, Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, fue enjuiciado por movilizar en forma “no convencional” $300 millones desde las cuentas de la Reconstrucción hacia la Cuenta Única del Estado, pero no hubo suficientes votos para censurarlo en el Pleno.
Quien sí fue censurado en el 2019 fue el exprocurador general del Estado, Diego García, quien ya no estaba en funciones.
El mismo año se llevó a juicio a la excanciller María Fernanda Espinosa a quien se la acusó de no cumplir sus funciones durante el secuestro y posterior ejecución de un equipo periodístico de diario El Comercio, además de ausentarse por presentar su candidatura a la secretaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Espinosa atendió a la sesión mediante video conferencia, y no fue censurada ya que no se alcanzó suficientes votos en la sesión del Pleno.
No corrió la misma suerte Verónica Espinosa, exministra de Salud, quien fue censurada en una sorpresiva reconsideración de la votación en el Pleno.
En el 2019 la Asamblea también destituyó a los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el sacerdote José Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio; por incumplimiento de funciones e irrespetar un dictamen de la Corte Constitucional.
En enero de 2020 el exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, se defendió ante la Asamblea de acusaciones en su contra y no fue censura ya que ni siquiera hubo quorum para tratar el caso.
También en el 2020 se destituyó y censuró a Christian Cruz, quien había quedado como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tras la destitución de José Tuárez. Se argumentó arrogación de funciones por la aprobación de reglamentos que debían ser aprobados por el pleno del Consejo.
En noviembre del 2020 se censuró y destituyó a la exministra de Gobierno, María Paula Romo, quien entre otras cosas fue acusada por el uso excesivo de fuerza de la policía en las protestas sociales de octubre de 2019, el uso indebido un helicóptero, la compra de bombas lacrimógenas caducadas y otros causales.
En estos días la Asamblea tramita sus últimos juicios políticos, en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch al que se acusa de permitir el despido de muchos trabajadores en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, y no dar paso a un incremento de sueldo de los trabajadores en el 2021.
También en contra del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por su manejo durante la pandemia del COVID-19 incluyendo la forma en la que se distribuyó las primeras vacunas que llegaron al país.