La pesada herencia de la crisis carcelaria que recibe Guillermo Lasso
Este 21 de julio de 2021, Ecuador se conmocionó por la noticia del último amotinamiento de personas privadas de la libertad (PPL) de la Penitenciaría del Litoral y de la cárcel regional de Cotopaxi, que dejó 27 muertos, 87 recapturados que fugaron de sus celdas, decenas de heridos y una policía violada por uno de los reclusos.
Aunque la situación fue controlada por los agentes del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y miembros de élite de la Policía Nacional, según un comunicado del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI), queda la preocupación permanente por la crisis del sector, considerando que es el segundo evento de gran escala perpetrado por los reclusos, luego de aquel registrado el 23 de febrero de 2021, cuando amotinamientos en 4 cárceles del país dejaron 79 muertos. Esto se suma a una lista de graves incidentes, ocurridos dentro de los llamados centros de rehabilitación, como femicidios, asesinatos y balaceras reportadas en diferentes fechas por las autoridades.
La Constitución de Montecristi establece que el sistema de rehabilitación social deberá lograr la “rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos”. Bajo esa premisa, hace apenas 5 años, en octubre de 2016, Ecuador fue reconocido por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMIJIB) por los avances del sistema de rehabilitación social, que se constituía en un referente latinoamericano. Pero ¿Cómo se pasó de los galardones a la crisis?
1. Desaparición del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
El expresidente Rafael Correa creó el Ministerio de Justicia en noviembre de 2007, con la finalidad de gestionar el sistema carcelario del país, además de garantizar los Derechos Humanos de la ciudadanía y la reparación de afectaciones a colectivos y organizaciones sociales. Tras su desaparición, ordenada por Lenín Moreno en agosto de 2018, la gestión de los 55 centros de rehabilitación social fue encargado al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes infractores (SNAI), bajo la dirección del Ministerio de Gobierno, modelo institucional que el gobierno de Guillermo Lasso mantiene hasta ahora.
Tras la decisión de Moreno, oficializada con el decreto Ejecutivo No. 491 de 2018, expertos juristas y defensores de Derechos Humanos, como Billy Navarrete y Harold Burbano, avizoraron que la entidad era necesaria para la eficiente administración de las cárceles a escala nacional, especialmente los asuntos no resueltos por el Ministerio de Justicia, como la desaparición total de las redes de extorsión y tráfico de objetos prohibidos en los centros de rehabilitación. Al entrar en transición institucional, perdió su continuidad incrementando las actividades de operación irregular entre las PPL, que protagonizaron dos amotinamientos simultáneos en las cárceles del país.
2. Hacinamiento carcelario
Además de la situación institucional, otros problemas se incrementaron dentro de los centros carcelarios, uno de ellos, el hacinamiento. Aunque las cárceles pueden atender hasta a 29.746 personas, en 2017 albergaban a 35.967 reclusos, mientras que en 2021 la cifra aumentó a 38.693, de los cuales al menos 9.000 no contaban con camas para dormir, según informó el exdirector de la SNAI, Eduardo Moncayo, durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional, en marzo de 2021. En 2019, la cifra de privados de libertad llegó a su punto más alto con un total de 40.096 internos.
3. Asignación presupuestaria
Como resultado de la crisis económica, que atraviesa el país desde 2018, la asignación presupuestaria a la atención del Sistema de Rehabilitación Social fue recortada en el Presupuesto General del Estado anual, es así, que Moncayo determinó que en 2014 el presupuesto era de $160 millones, en 2019 fue de $98 millones y en 2020, de $106 millones. Esto reduce gastos de contratación de personal de seguridad, por citar un ejemplo, actualmente existe un guía por cada 27 internos; así como de atención a los reclusos para evitar amotinamientos en protesta por las condiciones en las que habitan las cárceles.
4. Enfrentamientos entre bandas
Las bandas organizadas ganan territorio, situación que se le salió de control a las autoridades, ya que incluso cuentan con mecanismos más elaborados para ingresar armas de fuego y cortopunzantes que luego utilizan en los delitos que se perpetran internamente. Tras el amotinamiento de febrero de 2021, Moreno reconoció que el caos en la cárcel se genera de manera coordinada entre los PPL, señalando que existe una disputa por el control del narcotráfico, por lo que redujo los hechos a un “exterminio entre bandas delincuenciales”; sin embargo, no se explica cómo ingresan objetos que permiten a los privados de libertad tomar el control de las cárceles.
Capturan a sujeto que intentaba ingresar armas a la Penitenciaría
Reo de Los Lagartos fugó por la puerta principal de la Penitenciaría
En junio de 2019, por ejemplo, fue asesinado a sangre fría William Poveda, alias “el cubano” en la Penitenciaría del Litoral, identificado como cabecilla de la organización criminal “Los cubanos”, quien llevaba detenido más de 12 años. El hecho se viralizó en redes sociales mediante un video subido desde el centro de rehabilitación, que conmocionó al país pues se veía a otras PPL jugando fútbol con su cabeza decapitada.
Ante esta crisis, casi 2 meses después de entrar en funciones, el presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró en emergencia el sistema carcelario y removió a Edmundo Moncayo, nombrando en su lugar al coronel (SP) Fausto Cobo. Pero, para el control del sistema carcelario se debe solucionar varios factores urgentes, que van más allá de cambio de autoridades y represión.
Presidente Lasso declara en emergencia el sistema carcelario
Por: Viviana Paredes
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