6 claves para entender la política de hidrocarburos de Lasso
El presidente de la República, Guillermo Lasso, estableció, mediante Decreto Ejecutivo No. 95, del 7 de julio de 2021, la política pública para el sector hidrocarburífero, que se implementará en 100 días y cuya prioridad es atraer la inversión extranjera y optimizar los ingresos estatales, mediante 2 ejes: incremento de la producción, pero de manera ambientalmente amigable; y reducción de la ineficiencia de costos dentro del proceso de comercialización.
A través del decreto, que contiene 4 artículos, 3 disposiciones transitorias y 1 final, se crea el Fondo de Sostenibilidad, que se nutrirá con un porcentaje de los ingresos petroleros y será manejado por los ministros de Finanzas y de Recursos Naturales no Renovables. Estos ahorros se destinarán para la atención de programas sociales y la lucha contra la pobreza, según lo indicó el propio mandatario.
Uno de los temas que más llama la atención es el de los contratos de participación, que de acuerdo con el decreto, deberán ser realizados por el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, y presentados en un plazo de 100 días, con el fin de ajustar las herramientas legales que Ecuador ofrecerá a los inversionistas extranjeros, para asegurar estabilidad jurídica y mayores participaciones económicas sobre las utilidades.
Lasso dispuso, además, una auditoría a la fusión de Petroamazonas y Petroecuador, dispuesta por el exmandatario Lenín Moreno en enero de 2021, con el objetivo de implementar un nuevo modelo de negocio que resuelva los problemas que arrastran ambas empresas públicas y que generó inestabilidad entre sus autoridades. Sin embargo, no se contempla la revisión de los casos de corrupción en los que Petroecuador estaría involucrado como Las Torres, por el que Raúl De La Torre, sobrino de Pablo Celi, fue condenado en Estados Unidos.
Justamente esa crisis de autoridades derivó en que en 8 gerentes pasen por Petroecuador y 12 por Petroamazonas durante la gestión de Moreno; con esa base, el mandatario plantea que la elección de autoridades de la nueva empresa única sea avalada por una empresa especializada para asegurar una contratación transparente en su nómina.
Aunque el objetivo de estas disposiciones es fortalecer institucionalmente a la nueva empresa Petroecuador y solucionar sus problemas administrativos, una de los mandatos la debilita estructuralmente, ya que ordena la inmediata venta de las estaciones de servicio de la empresa estatal en todo el país y dar por terminados los contratos de distribución que tenga en el mercado. Todas las gasolineras de Petroecuador deberán ser compradas por privados en las próximas semanas.
Asimismo, el decreto establece que las pérdidas causadas por mal manejo administrativo o negligencia serán asumidas por los funcionarios responsables, bajo la figura de derecho de repetición, como en el caso de Perenco, petrolera francesa que ganó recientemente $370 millones a Ecuador y por lo que el procurador, Íñigo Salvador, anunció juicios contra los exfuncionarios y presentó el proyecto de Ley Orgánica de Repetición a la Asamblea, el 1 de julio.
La emisión de estas disposiciones coinciden con el anuncio del Gobierno Nacional de retorno al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversión (Ciadi), anunciado semanas atrás y cuya aprobación fue cuestionada por su legalidad. El excandidato presidencial Andrés Arauz señaló que regresar a este espacio de arbitraje generará ganancias únicamente para las empresas petroleras multinacionales y limitaría al país en el ejercicio de su soberanía y recursos. El acuerdo de cooperación, firmado por la embajadora Ivonne Baki, no fue conocido por la Asamblea Nacional y fue ratificado por la Corte Constitucional.
Los casos más controversiales que se han tratado en este tribunal tienen que ver con los casos emblemáticos de Chevron-Texaco, acusado de generar daños ambientales durante el gobierno de Lucio Gutiérrez y, más recientemente, Perenco, que abandonó el país luego de la emisión de la Ley 42, norma dictada por Alfredo Palacio que eliminó la figura de contratos de participación y estableció ganancias fijas para el Estado ecuatoriano, en relación a las utilidades logradas de la explotación petrolera.
En este sentido, la política pública apuntaría a un retorno a las prácticas extractivistas que se desarrollaron en el Ecuador de los noventa, lo que implica reformular los mecanismos de participación del Estado y las petroleras sobre los recursos naturales de los que es dueño y por los que ha sido condenado en los últimos años a pagar millonarias indemnizaciones a las empresas que presentan interés en la explotación, pero que no cumplen con sus obligaciones o que consideran afectaciones por la eliminación de las figuras de participación mínima estatal.
Por: Viviana Paredes
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