Juicio político a Pablo Celi se va cristalizando en la Asamblea
La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional dio este 29 de junio de 2021, un paso adelante en el trámite de juicio político al contralor General subrogante, Pablo Celi. Por unanimidad, la mesa legislativa, liderada por Fernando Villavicencio, conoció el proceso contra el funcionario, quien cumple prisión preventiva por delincuencia organizada. Esto, luego de recomendar al pleno legislativo el archivo del juicio al exministro de Energía, René Ortiz, por haber precluido los plazos.
Pero lo más decisivo se dará este miércoles 30 de junio, cuando los integrantes de la comisión se reúnan para calificar el juicio a Celi, planteado por el asambleísta Juan Lloret (Unes).
Celi está acusado del desvanecimiento de millonarias glosas y lavado de activos, en el que también está involucrado su sobrino, Raúl De La Torre, sentenciado en Estados Unidos. Esta situación ha generado grandes problemas de institucionalidad para la Contraloría General del Estado, pues Celi continúa al frente de la entidad, tras un encargo a Valentina Zárate, que feneció el 12 de junio y días después de que renunciara la subcontralora Zárate.
El enjuiciamiento político podría culminar en la censura e inmediata destitución del subrogante, ya que, según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), su salida es la única vía legal para la designación del nuevo contralor titular. Por ello, emitió un exhorto a Pablo Celi, el 23 de junio de 2021, instándole a renunciar al cargo, de no hacerlo el CPCCS depende de la decisión del Legislativo para proceder.
¿Cuál es el proceso para condenar políticamente a Celi?
La potestad de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al contralor subrogante, como un mecanismo para sancionar su responsabilidad al frente de la entidad, por incumplimiento de sus funciones, se establece en la Constitución. Para proceder, debe contar con una solicitud firmada por la cuarta parte de sus miembros, esto es 35 legisladores, dirigida al/a la presidente/a de la Asamblea, lo que fue realizado en el período 2017- 2021, y retomado por el legislador Lloret, impulso que permitió que se dé paso al siguiente momento procesal, ya que no fue atendido por el anterior Parlamento.
El 24 de junio de 2021, la presidenta Guadalupe Llori (PK) remitió la solicitud a la Comisión de Fiscalización, junto con el juicio al exministro Ortiz, también solicitado en el período anterior.
Una vez que la comisión elabore el cronograma respectivo, comenzará el proceso con las pruebas de cargo y descargo, de los asambleístas interpelantes y del acusado. La mesa tiene 20 días desde que conoció la solicitud para presentar un informe a la presidenta Llori, quien incorporará ese punto en el orden del día del pleno, hasta 48 horas después de recibido el documento. La comisión podrá solicitar una prórroga de 5 días, en caso de que lo considere necesario.
En caso de que el juicio llegue al pleno, Celi deberá presentarse a la sesión, para garantizar su derecho a la defensa, y una vez culminada su intervención, un legislador deberá presentar la moción de censura y destitución para que la Función Legislativa la apruebe con mayoría absoluta (70).
Guadalupe Llori se dirigió al país la noche de este lunes 28 de junio de 2021, para insistir en que la designación del nuevo contralor le corresponde al CPCCS, y señaló que “maliciosamente se ha difundido en las redes sociales y en medios de comunicación” información errónea sobre su intención de privilegiar unos juicios por sobre otros. La presidenta de la Asamblea remarcó que el organismo responsable de nombrar un contralor encargado es el Consejo de Participación, pero también indicó que el Legislativo dará paso a todos los procesos garantizando el debido proceso y las garantías constitucionales a los acusados.
Por: Viviana Paredes y Teresa Menéndez
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