La crisis institucional que Ecuador arrastra desde 2018
La Contraloría y la Defensoría del Pueblo se encuentran bajo el ojo público, con sus titulares en prisión preventiva. De un lado, Pablo Celi, investigado por corrupción y desvanecimiento de glosas en el caso Las Torres; y por otro, Freddy Carrión, por un delito de abuso sexual. Ambos escenarios han generado una crisis institucional que se agrava a medida que las máximas autoridades permanecen detenidas.
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De la Contraloría, quedó a cargo de Valentina Zárate, quien presentó recientemente su renuncia, indicando que “se viven momentos tensos que impiden y limitan el cumplimiento de mis altas responsabilidades”. Lo hizo días después de que la Fiscalía allanara su despacho, tras una denuncia por usurpación de funciones. Pese a lo complejo de la situación y a que su licencia terminó, Celi sigue al frente de la entidad, ahora con un permiso por enfermedad, pues se contagió de COVID-19 en la Cárcel 4 de Quito, y este miércoles se conocerá si sigue encerrado o se le levanta la prisión preventiva.
Con menos tiempo en prisión, Freddy Carrión intentó cesar en funciones a Zaida Rovira, quien asumió su reemplazo, y nombrar a Tania Castillo como defensora subrogante. Pero en la Defensoría no acataron su disposición (firmada electrónicamente desde la prisión), por cuanto estaría imposibilitado de suscribir documentos electrónicos desde la Cárcel 4, a diferencia de Pablo Celi, quien se encuentra despachando como autoridad desde el 12 de junio, en el mismo centro de rehabilitación social. Este 22 de junio de 2021, la Asamblea Nacional ingresó un pedido de juicio político que busca su destitución de la Defensoría.
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Le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), tomar acción y, de ser el caso, nombrar nuevos titulares en ambas situaciones; sin embargo, la presidenta de la entidad, Sofía Almeida, dijo que revisan las competencias de sus acciones y la situación jurídica de las entidades. Sobre Carrión, dijo que procedería un encargo luego de 30 días de ausencia temporal, tras un «análisis jurídico profundo»; y en cuanto a la Contraloría, dijo que este 23 de junio pondrán a consideración el reglamento que dará paso al concurso de méritos y oposición para elegir al titular.
¿Qué pasa con el Consejo de Participación?
La situación en el CPCCS también ha sido compleja durante los últimos años. En 2018, Lenín Moreno nombró un Consejo transitorio, encabezado por Julio César Trujillo (+), tras una consulta popular que no contó con la aprobación de la Corte Constitucional. De acuerdo con la pregunta aprobada por los ecuatorianos, este organismo debía mantenerse instalado hasta que se realice un proceso electoral para la designación de sus nuevos integrantes. Los miembros transitorios permanecieron 14 meses en la institución, cesando a autoridades de control, nombrando a los consejeros electorales, al procurador, a los superintendentes, a las autoridades judiciales, al defensor Carrión y ratificando a Celi como contralor General subrogante, entre otras acciones.
En 2019, se desarrollaron las votaciones seccionales y con ellas la elección de 14 nuevos integrantes del CPCCS (7 titulares), siendo electos José Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez, Victoria Desintonio, Christian Cruz, Sofía Almeida y María Fernanda Rivadeneira. Inmediatamente, se generó una mayoría que anunció fiscalizar las acciones del Consejo transitorio y revisar las actuaciones de Celi. Cuatro de sus miembros fueron destituidos por la Asamblea Nacional, 2 meses después de su instalación. Sus alternos fueron principalizados y el consejero Christian Cruz asumió la presidencia.
En octubre de 2020, Cruz fue destituido por el Legislativo tras descubrirse que era portador de un carné de discapacidad auditiva y visual, todo esto en medio del escándalo de corrupción de funcionarios, que se acreditaron como personas con discapacidad para acceder a importación de autos sin impuestos y otros beneficios para ese grupo vulnerable. El tercer CPCCS, instalado en apenas 2 años, quedaba de nuevo en acefalía institucional.
Sofía Almeida fue designada como nueva titular del organismo y lleva menos de 1 año en el cargo. Esta inestabilidad institucional, derivada de la consulta de 2018, ha tenido el efecto «búmeran» en las entidades en las que intervino durante los últimos 2 años. El primer reto del CPCCS es superar su propio cisma y hacer respetar su autonomía, para tratar de recomponer la institucionalidad del país. Sin un Estado eficiente, los únicos perjudicados son los ciudadanos.
Por: Viviana Paredes
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